Sentencia SUP-JIN-359/2012

Sentencia SUP-JIN-359/2012
3 septiembre, 2012 Strategia Electoral

Sentencia SUP-JIN-359/2012

3 septiembre, 2012

Una síntesis de la sentencia de más de 1,300 hojas que resolvió el juicio de inconformidad presentado por la Coalición Movimiento Progresista (Movimiento Progresista) a fin de impugnar la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y, solicitar la nulidad de la misma.

En su escrito de demanda, la Coalición Movimiento Progresista solicitó la nulidad de la elección de Presidente de la República por considerar que se violaron diversos principios constitucionales rectores de la materia electoral.

Las irregularidades que adujo la Movimiento Progresista en su demanda, mismas que fueron atendidas, en ocho temas. I. Adquisición encubierta

de tiempos en radio y televisión

• Adquisición encubierta de tiempos en radio, televisión y revistas. En este apartado se abordó lo relativo a la promoción personal y propaganda encubierta en Televisa y Radio Fórmula, así como la cobertura tendenciosa en Organización Editorial Mexicana y la cobertura de la revisa Quién. Lo relativo a Televisa fue objeto del SUP-RAP-427/2012, mientras que respecto de Radio Fórmula, Organización Editorial Mexicana y Quién, no se advierte que hubiera alguna adquisición indebida, ni que se hubiera cambiado la línea editorial de los medios de comunicación para favorecer a Enrique Peña Nieto (EPN).

• Sesgo informativo según monitoreo realizado por la UNAM. Versó sobre la cobertura del evento en la Ibero, la falta de monitoreo de las barras de opinión y la relación entre el desequilibrio informativo y la votación. No se advierte que hubiera algún sesgo informativo favorable a EPN, ni se aportaron pruebas suficientes que generan convicción de que si existió alguna preferencia a favor de dicho candidato. También se debe considerar que las barras de opinión no fueron objeto de monitoreo pues así se estableció por el IFE en el acuerdo CG412/2012, mismo que no fue impugnado.

• Indebida fundamentación y motivación a las peticiones de Andrés Manuel López Obrador, y mayor tiempo para Movimiento Progresista en pautas de radio y televisión. Ambos temas fueron materia de medios de impugnación, SUP-JDC-1696/2012 y SUP-RAP-578/2012, respectivamente. La asignación de tiempos en radio y tv obedeció a las reglas establecidas en el COFIPE.

• Falta de reglamentación del Derecho de réplica. No existe imposibilidad jurídica para que los partidos políticos y sus candidatos lo ejerzan.

• Situación de los medios de comunicación y la libertad de expresión en México. El diseño constitucional brinda garantías específicas a la libertad de expresión y al derecho a la información, lo cual no se acredita que haya sido ineficaz durante el proceso.

II. Uso indebido de encuestas y estudios de opinión como propaganda electoral

• Inducción al voto por manipulación de la verdad. Si bien los resultados publicados por algunas encuestas no coincidieron con el resultado final de la elección, no acredita que las encuestadoras se apartaron periódica y sistemáticamente de los lineamientos y criterios científicos en la realización de las encuestas, ni que se hubiere manipulado la verdad para inducir al voto o beneficiar o perjudicar a algún candidato.

• Encuesta Mileno/GEA-ISA incumplió con entregar los criterios exigidos por el IFE. La encuesta sí cumplió con los criterios del IFE según se señala en el acuerdo CG388/2012, apegándose a los lineamientos establecidos en el acuerdo CG411/3022, entregando estudios completos.

• Encuestas simuladas son propaganda electoral. No se acreditó que las encuestas incumplieran con los lineamientos legales, por lo que no se puede afirmar que fueran simuladas.

• Falta de transparencia respecto de quienes patrocinaron las encuestas. En la gran mayoría de los casos se informó y transparentó el dato relativo al patrocinador de las encuestas, en aquellos que no se hizo no fueron señalados por Movimiento Progresista en su demanda.

• Manipulación por difusión diaria de encuestas electorales. La difusión diaria de las encuestas no necesariamente conlleva a que se cree una percepción de que la persona que se encuentre al frente de las preferencias será el ganador. No es posible advertir que a partir de la difusión diaria de la encuesta se hubiera inducido a los electores. Tampoco se acredita que algún sesgo en concreto, únicamente que los resultados no fueron coincidentes con lo señalado en las encuestas.

III. Financiamiento encubierto: caso Monex

• Contratación con Frontera Televisión Networks. Se abordó lo relativo al contrato entre GM Global Media, Jiramos y Frontera para difundir la imagen de EPN en EUA, la transferencia de 56 MDD a una cuenta de Jiramos en Banco Monex y el contrato entre Intelmedia y Servicios Integrales del Sector Agropecuario del Sector Civil. Se señala que de la información de la queja enviada por la Unidad de Fiscalización no se advierten elementos que corroboren lo afirmado por Movimiento Progresista, tampoco se acreditó vinculo alguno con la supuesta transferencia, en todo caso, se estima que el último de los contratos citados únicamente genera un indicio para revelar que se celebró un contrato entre dichas empresas.

• Otras personas vinculadas con el financiamiento. Respecto de Grupo Koleos y Grupo empresarial Tiguan se señala que tienen un vínculo con Comercializadora Atama y que han hecho depósitos en su cuenta en Banco Monex. De Comercializadora Atama señala que celebró un contrato con Rodrigo Fernández Noriega para realizar depósitos a Grupo Comercial Inizzio en la cuenta de Banco Monex. De Rodrigo Fernandez Noriega se señala que fue mandatorio de Comercializadora Atama.

• Financiamiento a través de Banco Monex por Inizzio y Efra.
o Esta acreditada la entrega de tarjetas Monex a representantes del PRI en Guanajuato, pero no hay elementos que permitan advertir que dicha distribución se hizo con objeto de vulnerar la libertad del voto a fin de comprar sufragio a favor de EPN.
o De los elementos que obran en los expedientes de las quejas, no se advierte que se hubieran efectuado operaciones económicas con Inizzio y Efra para que operadores del PRI compraran y coaccionaran el voto.
o Tampoco se demostró que la aplicación de los recursos recibidos en Guanajuato beneficiara a EPN, en virtud de que no se demuestra que sus representantes hubieren actuado a fin de movilizar el voto. En conclusión, se consideró que los elementos de convicción con que hasta el momento se cuentan en las investigaciones son insuficientes para demostrar que se pudieron haber materializado actos de compra y coacción de voto a través de la distribución de las tarjetas Monex, por lo que no es posible estimar que se transgredieron los principios rectores del proceso electoral, dado que las pruebas no tienen la eficacia y pertinencia para advertir un daño o afectación a dichos principios.

IV. Distribución de tarjetas Soriana

• Existencia de tarjetas Soriana. Se tienen por acreditadas la existencia de 5,711 tarjetas de Soriana, sin que su sola existencia implique que se hayan repartido entre ciudadanos que votaron a favor de EPN.

• Presión o coacción del electorado mediante la distribución de las tarjetas. Las pruebas no son suficientes para tener por acreditado que se hubieren repartido las tarjetas soriana a fin de que los ciudadanos votaran a favor de EPN. El video aportado no es suficiente para acreditar que las tarjetas fueron desactivadas, o que la gente que las poseía realizó compras de pánico con el temor de que les desactivaran las tarjetas.

• Aportación de empresas mercantiles. Las pruebas no son suficientes para tener por acreditada la relación contractual entre Soriana y la Coalición Compromiso por México, sin que sea suficiente lo manifestado por el representante legal de Soriana en el sentido de que en julio de 2011 celebraron un convenio con el PRI, para otorgar beneficios en Nuevo León a los tenedores de una tarjeta de este tipo, pues con ello sólo se prueba la existencia del convenio para otorgar beneficios a 500,000 tenedores de tarjetas Soriana en Nuevo León, sin que las características de dichas tarjetas correspondan a las aportadas por Movimiento Progresista.

• Relación entre Soriana y Gobiernos priístas. No se encuentra acreditado que la relación contractual entre Soriana y once gobiernos estatales, así como un ayuntamiento, haya tenido como objeto la distribución de tarjetas entre la ciudadanía a cambio de que votaran a favor de EPN. Aunado a que en la queja que se sigue ante el IFE, catorce entidades señalan que no guardan relación contractual con Soriana entre 2011 y 2012.

• Rebase de topes de gastos de campaña. Al no haberse acreditado las aportaciones de las empresas mercantiles, ni la intervención de gobiernos príistas, no es posible estimar que hubo rebase de topes de gastos, pues ello dependía de haber acreditado lo anterior.

V. Gastos excesivos en campañas de publicidad y aportaciones de empresas mercantiles

• Aportaciones de empresas mexicanas de carácter mercantil.
o Tarjeta PREIMUN PLATINO. Movimiento Progresista solo precisa los sujetos que recibieron el beneficio de las aportaciones en la tarjeta, sin señalar quién hizo dichas aportaciones y la razón para considerar que tienen la calidad de empresa mexicana mercantil. Aunado a que en la queja Q-UFRPP-144/2012 se impuso una sanción al PVEM de $3,340,800.15, con motivo de la distribución de dicha tarjeta, la cual fue confirmada mediante SUP-RAP-353/2012, sin que de ello se advierta que existieron aportaciones o donaciones en dinero o en especie.
o Tarjeta LA TAMAULIPEDCA. De los autos de la queja Q-UFRPP147/2012 no se advierte que existió una aportación o donación de alguna persona moral, ya que sólo se desprende que existe una supuesta entrega que hizo el PRI de diversos artículos promocionales para influir en las preferencias electorales, entre ellos la tarjeta LA TAMAULIPECA.

• Propaganda estática y en medios impresos, gastos operativos de campaña y producción de mensajes en radio y televisión. Tanto el PRI como el PVEM tenían derecho a ejercer la prerrogativa en radio y televisión por separado, por lo que no existe irregularidad alguna. Ello fue objeto del SUP-RAP-578/2012.

• Financiamiento de actos relacionados con un evento celebrado en el Estadio Azteca. No existen elementos suficientes que permitan advertir que hubieron gastos excesivos, ni que permitan vincular de manera evidente a los sujetos que aduce financiaron dicho evento con los montos erogados, ni que EPN o los partidos que lo postularon hubieren erogado las cantidades que aduce Movimiento Progresista.

• Gastos excesivos por concepto de encuestas. El audio de la entrevista del vicecoordinador de campaña de Josefina Vázquez Mota, en la que se señala que hubo un gasto excesivo por concepto de encuestas, no constituye el medio idóneo para acreditar lo que pretende Movimiento Progresista, pues ello es una declaración unilateral de una persona, sin que se adminicule la prueba con algún otro medio de convicción.

VI. Intervención de funcionarios públicos

• Intervención de gobernadores emanados del PRI, a partir de una reunión en Toluca. Si bien se demuestra la celebración de un encuentre entre dieciséis gobernadores del PRI en Toluca, no existen indicios de que dicha reunión fuera para celebrar un convenio entre ellos a fin de cubrir una cota o cantidad de votos por cada estado o utilizar recursos públicos para comprar votos y favorecer a EPN.

• Intervención de funcionarios federales. No se acredita que los funcionarios federales hubieren intervenido indebidamente en la elección presidencial, ni el Presidente Felipe Calderón a partir de su cuenta de twiter.

• Uso ilícito de una bodega de la Secretaría de Educación Pública del gobierno de Veracruz. Los videos que aportan constituyen únicamente indicios leves que no permiten identificar el lugar de la grabación o el momento en que ocurrieron los hechos que se pretenden demostrar.

• Presión y coacción del voto por elementos policiacos. Los videos que se ofrecieron como prueba únicamente constituyen indicios que patentizan la supuesta actuación de los policías en relación con la violación a la libere emisión del voto.

• Presión y coacción del voto por el gobierno de Durango. No se acredita que hubiere habido presión o coacción del voto por parte del gobierno de Durango, al usar indebidamente programas sociales.

• Uso ilegal de recurso públicos del gobierno de Zacatecas. Las pruebas aportadas únicamente generan indicios sobre el uso ilegal de recursos públicos del gobierno de Zacatecas, sin que sea suficiente para tener por acreditados los hechos que aduce Movimiento Progresista.

• Presión y compra de votos del gobierno de Chihuahua. No se ofrecieron ni aportaron pruebas para acreditar el uso indebido de programas sociales por parte del gobierno del Estado de Chihuahua para comprar o coaccionar el voto en favor de EPN.

• Operativo Ágora. Si bien Movimiento Progresista anunció el ofrecimiento de tres pruebas para acreditar dicho operativo, lo cierto es que los elementos probatorios nunca fueron aportados.

VII. Irregularidades en la jornada electoral

• Compra y coacción del voto previo a la jornada electoral.
o Entrega de tarjetas para llamadas telefónicas y de beneficios. No se acreditó que las tarjetas telefónicas se entregaron con el objetivo de provocar que los electores votarán a favor de EPN.
o Robo de material y documentación electoral. De la prueba aportada sólo se genera un indicio de que se trataron de robar material y documentación electoral, sin que se cuenten con mayores elementos a fin de tener por acreditados los hechos.
o Compra y coacción del voto en Jalisco. Las pruebas aportadas no son aptas para acreditar que los artículos con logotipos del PRI y EPN se entregaron a cambio del voto en su favor.
o Compra y coacción del voto en Durango. Si bien las pruebas generan indicios de la distribución de artículos y tarjetas beneficio, ello no es suficiente para tener por acreditado que los mismos se dieron a cambio del voto a favor de EPN.

• Compra y coacción del voto el día de la jornada electoral.
o Actos de coacción y presión sobre los electores, operativos Casas Amigas y Bingo. No se precisan las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se desarrollaron los operativos que señala Movimiento Progresista.
o Llamadas y mensajes telefónicos a través de call centers. No se aportaron elementos de convicción para acreditar los hechos.

• Acarreo de votantes. De las pruebas aportadas únicamente se advierte un leve indicio de que probables simpatizantes del PRI llaman a los habitantes de Noc-Ac y Cheumán, para ir a votar.

• Irregularidades en diversas entidades federativas.
o Jalisco. No existe vínculo causal entre los hechos que se pretenden demostrar y las pruebas, ya que no se establecen circunstancias de modo, tiempo y lugar en los que se afirma sucedieron los hechos.
o Chihuahua. No se precisan las circunstancias en que tuvieron lugar los hechos.
o Durango. Las pruebas ofrecidas no son aptas para acreditar los hechos, pues de las mismas no se advierten circunstancias de tiempo, modo y lugar.
o Votación atípica. No se precisa de dónde se obtuvo la información en la que se señala que hubo una votación atípica en algunas entidades federativas superior al 100% de los ciudadanos inscritos en el listado nominal.

• Robo de material y documentos electorales. El video que se ofreció para acreditar dicho hecho es insuficiente, pues sólo da cuenta del supuesta robo de una urna, la cual corresponde a una elección de carácter local.

• Los Halconcitos. No se aportaron pruebas para acreditar dichos hechos. VIII. Irregularidades en cómputos distritales

• Falta de certeza de las casillas objeto de recuento. No se precisan las irregularidades ocurridas en los recuentos respecto de cada distrito, aunado a que en su momento debió haber señalado dichas irregularidades en el Consejo Distrital, o hacerlas valer en los juicios de inconformidad presentados ante la Sala Superior del TEPJF.

• Diferencia de votación entre las elecciones de presidente, diputados y senadores. La solicitud de nuevo escrutinio y cómputo en 143,114 casillas realizada ante el Consejo General del IFE carece de eficacia para demostrar que existieron irregularidades y por ello una diferencia entre la votación de las elecciones presidenciales, de diputados y senadores.

• Inconsistencias en actas de casilla.
o Diferencias en la lista nominal de electores. Las diferencias aducidas por Movimiento Progresista son insuficientes para tener por acreditada una violación generalizada a la normativa electoral.

o Votación atípica en zonas rurales. El sustento de lo afirmado es un estudio elaborado por Víctor Romero Rochín, sin embargo el mismo no fue exhibido como elemento de prueba.

Las anteriores, son en síntesis las consideraciones jurídicas que realizó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para declarar infundados los planteamientos de Movimiento Progresista para anular la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

El presente texto es únicamente extracto de los principales argumentos.

Publicado por:

0 Comentarios

Dejar una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*