SUP-RAP-17/2006: Origen del procedimiento especial sancionador

SUP-RAP-17/2006: Origen del procedimiento especial sancionador
1 marzo, 2015 Strategia Electoral

El proceso electoral de 2006 planteó campañas electorales con fuerte presencia en la radio y televisión. A su vez, la rapidez y amplia cobertura que los mensajes tuvieron en esos medios significó nuevos retos para las autoridades electorales. Los contendientes que se sintieron en desventaja frente a la publicidad en estos medios y que no pudieron responder en la misma proporción, acudieron a las autoridades electorales en busca de medidas para frenar la propaganda alegando que volvía inequitativa la contienda.

Por este motivo se implementó por primera vez el hoy llamado procedimiento especial sancionador (PES), a partir de lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en el Recurso de Apelación 17 del año 2006.

El origen de este procedimiento está en los promocionales difundidos por la coalición “Alianza por México” (PRI-PVEM) durante el proceso electoral de 2006, donde hacía referencia a Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato presidencial de la coalición “Por el Bien de Todos” (PRD-PT-Convergencia). Estos mismos promocionales son los que la coalición “Por el Bien de Todos” solicitó al Consejo General del IFE que retirara bajo el argumento de que buscaban denostar, desacreditar y descalificar a su candidato presidencial. Sin embargo, la autoridad administrativa electoral negó la solicitud de la coalición, pues estimó que carecía de facultades para ello, debido a que dicha determinación debía derivar de la resolución que se tomara en un procedimiento administrativo sancionador y no directamente de un acuerdo del Consejo General.

Al revisar la decisión del IFE, la Sala Superior del TEPJF consideró, en esencia, que con el fin de validar los principios constitucionales que debe cumplir toda elección democrática, era preciso asegurar el ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos y garantizar la celebración de elecciones periódicas y pacíficas. Por estas razones, el IFE debía implementar un procedimiento que privilegiara la prevención o corrección a fin de depurar las posibles irregularidades y restaurar el orden jurídico-electoral violado, garantizando el normal desarrollo del proceso electoral. Esto sería a través de un procedimiento distinto, aunque análogo, al procedimiento sancionador previsto en el COFIPE. El nuevo procedimiento debía tener al menos dos características: ser expedito y respetarlas formalidades esenciales del procedimiento.

En esa sentencia, la Sala Superior sostuvo que las autoridades administrativas electorales tienen atribuciones relacionadas con la vigilancia de las actividades de los partidos y coaliciones, así como de los candidatos y sus simpatizantes. Por lo tanto, en ejercicio de sus atribuciones y atendiendo al principio depurador del proceso electoral, el IFE se encuentra obligado a instaurar un procedimiento expedito de carácter preventivo a fin de asegurar el respeto a la legalidad, así como al voto universal, libre, secreto y directo, en caso de que se requiera la reorientación o el reencauzamiento de las actividades de los actores políticos, a través del ejercicio de atribuciones correctivas e inhibitorias de la autoridad administrativa electoral.

El procedimiento ordenado por el TEPJF se llevaría a cabo en forma análoga al previsto en el artículo 270 del COFIPE entonces vigente. Los pasos del procedimiento fueron:

1. El Consejo General del IFE, de oficio o a petición de parte (denuncia o solicitud), hecha por un partido político o coalición, aportando elementos de prueba, requerirá se investiguen hechos relacionados con el proceso electoral federal que afecten de modo relevante los derechos de los partidos políticos, de sus respectivos candidatos o el propio proceso electoral federal.
2. Recibida la denuncia o solicitud, debe convocarse al Consejo General del IFE para que a la brevedad posible sesione, a efecto de pronunciarse sobre la admisión de la denuncia o solicitud y, en su caso, acordar el día y la hora para la celebración de una audiencia de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, así como de alegatos. La audiencia señalada debe realizarse dentro de los cinco días siguientes a la admisión. Se debe notificar, dentro de las 24 horas siguientes, al partido político o coalición denunciada el inicio del procedimiento respectivo.
3. La audiencia de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, así como de alegatos, se efectuará por la Junta General Ejecutiva, a través de su Secretario Ejecutivo.
4. La audiencia se iniciará con la comparecencia de las partes que concurran a la misma. Enseguida, se recibirá la contestación a la denuncia o solicitud respectiva, en la cual el denunciado ofrecerá sus pruebas relacionadas con los hechos controvertidos. A continuación, deberá proveerse sobre la admisión de las pruebas y, en su caso, se procederá a su desahogo, incluyendo las ordenas por la autoridad administrativa. Finalmente, se recibirán los alegatos de las partes. Los órganos competentes para sustanciar y resolver podrán, en casos extraordinarios, ordenar el desahogo de reconocimientos o inspecciones judiciales, así como de pruebas periciales, cuando la violación reclamada lo amerite, puedan desahogarse en la audiencia referida y se estimen determinantes para que con su perfeccionamiento puedan esclarecerse los hechos controvertibles materia del procedimiento.
5. Dentro de las 24 horas siguientes a la finalización de la audiencia, salvo casos debidamente justificados, se debe emitir el proyecto de resolución que será sometido a la consideración del Consejo General. La resolución que apruebe el Consejo General debe ejecutarse en forma inmediata, siendo impugnable ante el TEPJF.

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