La cancelación de registro a los partidos políticos

La cancelación de registro a los partidos políticos
8 mayo, 2015 Fabiola Navarro

por Fabiola Navarro

Desde la creación del Instituto Federal Electoral y la expedición del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en agosto del año 1990 la legislación electoral establece como una de las causas que dan lugar a la pérdida del registro de los partidos políticos la de “Incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del Instituto Federal Electoral las obligaciones que le señala este Código” (artículo 66).

Dentro de la enumeración de las obligaciones explícitas los partidos tienen desde entonces la de “Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos”.

Actualmente la Ley General de Partidos Políticos (LGPP)establece un procedimiento a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE) para cancelar el registro de los partidos políticos (artículo 95), por -entre otras causas- “Incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del Instituto o de los Organismos Públicos Locales, según sea el caso, las obligaciones que le señala la normatividad electoral. La disposición es idéntica a la establecida en el artículo 66 del COFIPE de 1990 y a la del artículo 101 del COFIPE del año 2008, hoy abrogado con motivo del inicio de vigencia de LGPP en mayo de 2014 (a la disposición que se comenta únicamente se le actualizó el aumento en el porcentaje mínimo de votación y lo relativo a los procesos locales y los órganos electorales locales).

Por otro lado, en otro ordenamiento, también vigente, esto es en Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), se establece que la autoridad electoral puede aplicar a los partidos políticos las siguientes posibilidades de sanción:

• amonestación
• multa
• reducción de ministraciones
• interrupción de la transmisión de propaganda, y
• quitar el registro como partido político

En el artículo 456 de la LEGIPE, se indican las sanciones que serán aplicadas a los partidos políticos por la comisión de las infracciones “señaladas en los artículos anteriores”, esto es, las infracciones que se acreditan mediante la tramitación de procedimientos sancionadores conocidos como “ordinarios”, “en materia de fiscalización” (procedimientos de tipo administrativo) y “especiales” (procedimiento de tipo mixto: administrativo y judicial).

Dentro del catálogo de posibilidades de sanción para ese grupo de infracciones establecidas en la LEGIPE se establece que en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley se podrá sancionar con la cancelación del registro como partido político.

De manera que la pérdida de registro es la consecuencia por activar un supuesto establecido en la ley (LGPP), y una sanción derivada de la comisión de una infracción grave y reiterada (LEGIPE). Por lo que no existe un procedimiento único ni una sola autoridad para determinar esa pérdida o cancelación de registro.

Hasta el día de hoy esa sanción no se ha aplicado. No tenemos un caso-antecedente en el que la autoridad haya castigado quitándole el registro a algún partido político. Existen sí determinaciones de la autoridad que concluyen con la pérdida de registro de partidos políticos pero por otras razones (por ejemplo por no obtener en la elección inmediata anterior el porcentaje de votación mínimo requerido para conservar el registro).

Durante el proceso electoral en curso, con jornada electoral el próximo 7 de junio, por el que se renovará la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y se realizarán elecciones en 17 entidades federativas, se ha expresado una opinión que solicita pública y concretamente que la autoridad electoral le quite el registro al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por considerar que ha violado la Constitución y las leyes electorales de manera grave y reiterada (cineminutos, propaganda de legisladores en televisión con el logotipo del partido, entrega de kits escolares, reparto de tarjetas de descuentos, entrega de boletos para asistir al cine, publicidad del partido en todos lados, etc).

La ley no define -y no podría esperarse que sí lo hiciera- cuando una falta es grave ni cuantas veces se tiene que cometer para considerar que es reiterada. De manera que corresponde a las autoridades electorales frente a casos concretos, revisarlos y mediante la valoración de las conductas y la ponderación de los valores involucrados determinar por qué conductas y cuándo se actualiza el supuesto que amerita sancionara un partido con la pérdida de su registro.

Sobre esto surgen varios aspectos para reflexionar. Uno de ellos es: En el contexto de un proceso electoral ¿es conveniente que sea una autoridad electoral quién expulse de la competencia a un partido político -vía el retiro de registro- o son los electores quienes en las urnas deben castigar la conducta o las violaciones de los partidos no otorgándoles su voto? Respecto a esto último hay voces expertas que han cuestionado si es posible considerar que los ciudadanos cuentan con información suficiente que les permita saber y por tanto reflexionar sobre cuándo los partidos han sido sancionados reiteradamente y cuál ha sido la calificación que las autoridades han asignado a sus faltas (leve, grave, gravísimas) para que pueda considerarse que están en posibilidad de sancionarlos en la urna.

El grado de intervención -deseable o esperado- de la autoridad tiene una relación proporcional con el grado de ciudadanía -ejercicio de la misma-. Si consideramos que es la ciudadanía -titular de la soberanía con poder de decisión para elegir a los representantes- a quien corresponde elegir -racionalmente- entonces a ella también corresponde expulsar o mantener de la escena pública a los partidos políticos que se apartan de los caminos constitucionales y legales. En cambio, si el punto de partida es que la ciudadanía no es ni informada ni participativa, parece ser que -lo que se espera- es que sea la autoridad quien tome esa decisión -esa y otras-. En este último supuesto, entonces, lo que se perfila es una autoridad activa, interventora y controladora del debate político, con facultades amplísimas para incluso sacar contendientes de la competencia poco tiempo antes de la votación de los electores.

Por otro lado, sobre la autoridad que debe determinar la sanción hay que considerar que tampoco está muy claro a quien le corresponde. A partir de la reforma constitucional de febrero de 2014, cuando las faltas son cometidas durante el desarrollo de los procesos electorales y en materia de propaganda la autoridad que impone la sanción es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En cambio, si las faltas que motivan la sanción son en materia de fiscalización corresponde determinarla al INE (al menos en primera instancia).

Las faltas del PVEM en el proceso electoral en curso que han ameritado la discusión sobre la cancelación de su registro son sobre todo en materia de propaganda por tanto la cancelación del registro como sanción correspondería aplicarla al TEPJF. Esto es, correspondería a esa autoridad aplicar la parte normativa del artículo 456 de la LEGIPE que señala que las faltas en materia de propaganda se pueden castigar con el retiro del registro de partido político.

En cambio, si se aplica el artículo 95 LGPP, esto es, cancelar el registro de partido político por incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del Instituto las obligaciones que le señala la normatividad electoral, el procedimiento y la sanción corresponde al INE.

La LEGIPE refiere conductas “graves y reiteradas” violatorias de la Constitución y de esa Ley. La LGPP menciona incumplimientos “graves y sistemáticos” de las obligaciones que señala la normatividad electoral ¿Es lo mismo? A mi me parece que no.

Será, probablemente, en los próximos días cuando sepamos qué opinan las autoridades electorales ante el inminente pronunciamiento sobre la solicitud pública que pide que se le retire al PVEM su registro como partido político. En mi opinión no se requiere de una queja o un derecho de petición especifíco. Los formalistas dirán que se requiere que la solicitud se haga ante la autoridad acompañada de pruebas y demás formalidades de estilo, sin embargo no hay que olvidar que la posibilidad de la que hablamos (cancelación del registro como sanción) no depende de que alguien, algunos o muchos lo pidan, es más puede no darse el caso -nadie lo pide-, y sin embargo la autoridad puede determinar la medida como una sanción frente a conductas violatorias que a su juicio resulten graves y reiteradas. Mucho ayudaría, me parece, un pronunciamiento concreto de la autoridad. Es un hecho público que no puede desconocerse y que se debate en espacios privados, públicos y académicos, por lo que las autoridades no pueden anteponer formalismos o sordera, pues la inactividad o la falta de pronunciamiento en nada ayudan a nuestras instituciones ni abonan a la confianza ciudadana que se requiere para que el país mejore, por el contrario contribuyen a la percepción que considera que las autoridades son cómplices u omisas.

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