Restricciones para el formato de los debates en las campañas electorales. La perspectiva del árbitro electoral

Restricciones para el formato de los debates en las campañas electorales. La perspectiva del árbitro electoral
20 junio, 2015 Strategia Electoral

José Reynoso Núñez[1] (@JoseReynosoN)

Un tema muy relevante del ámbito de la comunicación política durante las campañas electorales es el de los debates entre los candidatos. Durante la campaña electoral correspondiente a las pasadas elecciones del 7 de junio, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPCJ) organizó diversos debates entre los candidatos a las presidencias municipales y a las diputaciones locales en Jalisco. En la valoración pública de los debates se observan comentarios a la forma como se desenvolvieron los candidatos, a las propuestas que presentaron o a los desencuentros que mostraron con otros candidatos durante su participación. Una crítica recurrente se refiere al formato en que los debates se desarrollaron, o mejor dicho: se atribuye al formato de los debates el resultado obtenido. La crítica al formato es reiterada: debates con muchos participantes, con formatos acartonados, poco flexibles o aburridos (véase entre otros Toussaint 2015).

A estas valoraciones quisiera contribuir en este ensayo desde la perspectiva del árbitro electoral. Considero que en el juicio o valoración pública sobre cualquier fenómeno social o político —incluidos los debates— se pueden encontrar dos enfoques diferentes que podemos ubicar en el ámbito del deber ser o en el ámbito del ser. Me explico. Se puede valorar el debate a partir de lo que se desearía que aconteciera, o a partir de lo que nuestro contexto permite que acontezca.

La hipótesis que sostengo como una de las posibles causas del formato criticado se encuentra en diversos tipos de restricciones que existen para la organización de los debates. Dejo de lado las restricciones que tienen que ver con el contenido de los debates, que se relacionan más con la cultura política y el grado de desarrollo de nuestra democracia. Me concentro en las restricciones al formato, que se manifiestan, fundamentalmente, en tres dimensiones: la dimensión jurídica o regulatoria, la dimensión de la equidad y la dimensión del proceso de toma de decisiones. Estas tres dimensiones constituyen el hilo conductor para el desarrollo del presente ensayo.

  1. Restricción en la dimensión jurídica o regulatoria

 El artículo 218 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) regula la realización de debates. Distingue entre debates obligatorios y los que se pueden organizar libremente. Respecto de los debates en las elecciones locales se establece que los organismos públicos locales organizarán debates de los candidatos a ejecutivos estatales y promoverán su realización entre candidatos a diputados locales y a presidentes municipales. Establece también que promoverán las formas de su transmisión en radio y televisión. Es relevante destacar aquí la restricción de la equidad para los debates organizados por medios de comunicación. El párrafo 6 del artículo 218 de la LEGIPE establece que: “Los medios de comunicación nacional y local podrán organizar libremente debates entre candidatos, siempre y cuando cumplan con lo siguiente: a) Se comunique al Instituto o a los institutos locales, según corresponda; b) Participen por lo menos dos candidatos de la misma elección, y c) Se establezcan condiciones de equidad en el formato…”. Hay que señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas analizó la constitucionalidad del artículo 218 párrafo 6 inciso b) de la LEGIPE. Según se señala en una resolución de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (SRE-PSC-127/2015), la Suprema Corte precisó que “el párrafo 7 del propio artículo 218, implícitamente obliga a que se cite al respectivo debate a todos los candidatos participantes de la elección, al disponer “La no asistencia de uno o más de los candidatos invitados a estos debates no será causa para la no realización del mismo”; lo que significa que existe la obligación de convocar a su realización a la totalidad de los aspirantes en la contienda…”

Por su parte, el artículo 79 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco dispone que “1. El Consejo General organizará dos debates obligatorios entre todos los candidatos a Gobernador del Estado y promoverá la celebración de debates entre candidatos a diputados y presidentes municipales. 2. Para la realización de los debates entre todos los candidatos a Gobernador del Estado, el Consejo General del Instituto Electoral, definirá las reglas, fechas y sede, respetando el principio de equidad entre los candidatos y escuchando previamente la opinión de los partidos políticos y candidatos independientes.”

Con estas restricciones resulta irrelevante si el Reglamento de Debates entre Candidatos registrados ante el IEPCJ establece más o menos requisitos para la organización de un debate. Las disposiciones previamente señaladas establecen ya una restricción jurídica esencial: la equidad.

  1. Restricción en la dimensión de la equidad

Un formato que privilegia la equidad, es decir, la inclusión de todos los candidatos participantes implica necesariamente una restricción. El diálogo entre muchos participantes resulta más complejo que el que se realiza entre pocos participantes. La autoridad electoral o los organizadores de un debate deben optar más por la representación y menos por la gobernabilidad, si se permite utilizar esta expresión. Si consideramos que existe una relación de trade off entre ambas opciones, debemos decir entonces que la participación de muchos o todos los candidatos en el debate tendrá como consecuencia un costo para el formato del debate. Precisamente, un formato con muchos participantes implica la dificultad para el diálogo entre ellos, la reducción del tiempo para su participación y la rigidez en el formato que posibilite la participación de todos en igualdad de condiciones: la prioridad es la equidad en la competencia, no la flexibilidad en el formato.

III. Restricción en la dimensión del proceso de toma de decisiones

La autoridad electoral es un árbitro. Su rol en la organización de los debates, sobre todo en los que no son obligatorios, consiste en lograr acuerdos entre los participantes para definir el formato. En el proceso de acuerdo no existe una voluntad individual que decida cómo debe ser un formato. Existe un proceso colegiado de toma de decisiones en el que también participan los partidos políticos y candidatos.

Como sabemos, una dimensión de la política es la denominada politics (Schubert, 2006: 1094) que se refiere al proceso de toma de decisiones. En este proceso, es natural que los representantes de los candidatos defiendan los formatos y temas que más puedan beneficiar a sus representados. Por otra parte, en los acuerdos se manifiesta también el tema de la equidad y de la participación de pocos o muchos actores en el debate. En términos de la teoría de los Veto Players de Tsebelis (2002), entre más actores participantes, más difícil tomar una decisión. El resultado de los acuerdos es siempre lo posible. El ideal de un formato diferente se enfrenta con la realidad del proceso de toma de decisiones. A las propuestas presentes hay que quitarle propiedades para que se conviertan en una idea factible. No existe una voluntad individual que pueda tomar decisiones y aprobar la solución ideal. La voluntad que toma decisiones en política es colectiva. Al ser colectiva integra diversas perspectivas que constituyen la propuesta a aprobarse. La realidad indica que cuando las propuestas se someten a discusión, se diluyen, se minimizan, se configuran de manera distinta porque para ser aprobadas tienen que incluir o excluir los puntos de vista de quienes participan en la decisión. En el proceso de negociación se desconfigura la propuesta técnica y se configura la propuesta factible de ser aprobada (véase Nohlen 2008: 91-106). La restricción en la toma de decisiones también condiciona, por tanto, el formato del debate.

Conclusiones

El presente ensayo tuvo como propósito analizar algunas explicaciones a los formatos de los debates entre candidatos en una campaña electoral. Se plantearon como probables causas para que los formatos de los debates no sean los deseables, la restricción jurídica o regulatoria, la restricción de la equidad y la restricción en la toma de decisiones. Estas restricciones se pueden manifestar en la disyuntiva entre flexibilidad del debate, por una parte, y equidad en la competencia, por otra. Esta disyuntiva plantea que la organización de un debate por una autoridad electoral no obedece a una cuestión de voluntarismo, sino a una cuestión de factibilidad.

Fuentes

Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Nohlen, Dieter (2008): Sistemas electores en su contexto, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Reglamento de Debates entre Candidatos registrados ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco

Schubert, Klaus (2006): “Polity” en Nohlen, Dieter, Diccionario de Ciencia Política. Teorías, métodos, conceptos, Tomo II, México, Porrúa, El Colegio de Veracruz, p. 1094.

Suprema Corte de Justicia de la Nación: Acción de Inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas.

Toussaint, Enrique, “Debatir. ¿Para qué? El Informador, 17 de mayo de 2015.

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sala Regional Especializada: SRE-PSC-127/2015

Tsebelis, George (2002). Veto Players. How Political Institutions work, Princeton, New Jersey: Russel Sage Foundation New York: Princeton University Press.

[1] Doctor en ciencia política por la Universidad de Heidelberg. Consejero Electoral en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

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