Fiscalización de gastos de campaña

Fiscalización de gastos de campaña
31 agosto, 2015 Ajedrez Electoral

Fiscalización de gastos de campaña

31 agosto, 2015

por Arturo Espinosa

El principal reclamo de la elección de 2012 fue el excesivo gasto en que incurrió la campaña del candidato postulado por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México. En la impugnación de la elección presidencial se alegó un gasto desmedido en publicidad electoral, así como la compra y coacción del voto a través del reparto de monederos electrónicos “monex” y de tarjetas de descuento “Soriana”, entre otras cuestiones. Estos fueron los principales argumentos para solicitar la nulidad de la elección, para ello se propuso al Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral reducir los tiempos a fin de resolver la fiscalización de gastos de campaña antes del plazo que legalmente se establecía. Al final, no se acreditó ninguna irregularidad en la campaña de Enrique Peña Nieto, y por el contrario la campaña de Andrés Manuel López Obrador, según el dictamen del IFE, sí excedió los topes de gastos de campaña autorizados.

Partiendo de la experiencia del proceso electoral de 2012, uno de los principales cambios de la reforma electoral de 2014 fue el modelo de fiscalización. A partir de la nueva construcción normativa son 5 los principales aspectos a destacar sobre este tema:

1. Fiscalización en tiempo real. Durante la campaña los partidos políticos deberán presentar sus informes de gastos de campaña cada 30 días. La Unidad de Fiscalización del INE revisa y audita simultáneamente al desarrollo de las campañas los gastos que realicen los partidos políticos y candidatos.

2. Fiscalización en línea. El INE implementó un sistema en línea de manera que los partidos políticos puedan presentar sus informes de gastos de campaña de manera fluida y constante.

3. Reducción de tiempos. Concluidas las campañas electorales, los partidos tienen 3 días para presentar sus informes de gastos de campaña (de los últimos 30 días) y a partir de entonces, la Unidad de lo Fiscalización tendrá 31 días para emitir un dictamen y el Consejo General del INE 6 para aprobarlo, de manera que en aproximadamente 40 días después de concluidas las campañas electorales se pueden conocer los resultados de la fiscalización que haga la autoridad electoral.

4. Rebase de topes como causal de nulidad. El artículo 41 constitucional prevé como causal de nulidad de la elección exceder el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado. Dicha violación se presume como determinante cuando la diferencia entre el primero y segundo lugar es menor al 5%.

5. Fiscalización nacional. El INE tiene la facultad de llevar a cabo la fiscalización de las campañas electorales de todas las elecciones que se lleven a cabo en el país, federales y locales.

El 20 de julio de 2015, 47 días después de concluidas las campañas, el Consejo General del Instituto Nacional aprobó los dictámenes de fiscalización. Fiscalizó los recursos de 13,550 candidatos de distintos cargos de elección popular, revisando 22,913 informes de campaña en 44 días, algo que nunca antes se había logrado. El INE detectó más de 106 millones de pesos que no fueron reportados, obtuvo 44,066 testigos de propaganda en vías de comunicación, y detectó 6,863 inserciones en medios impresos. Al final de cuentas se detectó que 32 campañas excedieron el tope de gastos autorizados , sin embargo, ninguna de ellas se colocó en el supuesto de nulidad de la elección. En conclusión, se logró tener mayor celeridad en los resultados de la fiscalización, los números que advierte el INE son destacables, especialmente por lo reducido de los tiempos.

A pesar de la importante labor realizada por el INE, el sistema de fiscalización tiene algunas incongruencias, pues las quejas en la materia, que sirven para denunciar e investigar posibles violaciones respecto al uso y destino de los recursos públicos, tienen plazos para su resolución superiores a los 90 días. De esta forma, si el día de la conclusión de la campaña se presenta una queja a fin de que se investiguen gastos realizados por un partido político o candidato que pudieran implicar un exceso en los gastos de campaña, de seguirse los plazos previstos para su resolución, estos superarían el tiempo que se tiene para emitir el dictamen de fiscalización y resolver las impugnaciones que al efecto de presenten.

Este punto, ocasionó que los dictámenes de fiscalización emitido por el INE estuvieran incompletos, pues las quejas que pudieran impactar en los mismos no habían sido resueltas. Por ello, en el SUP-RAP-277/2015 y acumulados, la Sala Superior del Tribunal Electoral señaló que a fin de dar funcionalidad a los sistemas de fiscalización y nulidades en materia electoral, el Consejo General está obligado a resolver las quejas en materia de fiscalización a más tardar en la sesión que apruebe el dictamen consolidado, pues de esta forma se garantiza que en ese momento se conozca de manera integral todos los gastos realizados por los partidos políticos y sus candidatos en las respectivas campañas.

A partir de ello, el Consejo General del INE tuvo que emitir nuevos dictámenes de fiscalización, por lo que el 12 de agosto fue aprobada la fiscalización del proceso electoral 2015 (me refiero específicamente a la federal), por segunda ocasión. A partir de lo determinado por el INE, el Tribunal Electoral resolvió las impugnaciones de las elecciones de diputados federales que se presentaron. Ninguna elección estuvo en peligro de ser anulada por exceder los gastos de campaña autorizados.

En mi opinión, mayor celeridad fue en detrimento de la exhaustividad y la profundidad en la revisión de los casos, el argumento es lógico, más allá de los números que el INE ha señalado, es complicado pensar que en tan poco tiempo la autoridad electoral, o cualquier ente fiscalizador, tenga la capacidad de hacer un análisis minuciosos y exhaustivo del dinero gastado durante 90 o 60 días, según sea la duración de la campaña, por más de 13 mil candidatos. Muestra de ello, es la resolución de las quejas en materia de fiscalización, muchas de las cuales por la brevedad de los plazos no pudieron ser debidamente sustanciadas, y la investigación tuvo que reducirse al mínimo.

En el caso de los diputados federales, me parece difícil pensar que los candidatos a diputados federales gastaron menos de $1,260,000.00, pues a simple vista, las campañas que desplegaron en algunos lugares del país evidencian otra cosa. El resultado es que la causal de nulidad que en 2012 tanto se alegó, añadida al texto constitucional en la reforma de 2014, ni siquiera fue motivo de estudio, ya que en ninguna elección federal estuvo siquiera cerca de poderse actualizar.

Consideró que el problema no es de las autoridades electorales, ellas cumplen con las atribuciones y facultades que legalmente tienen, dentro de los tiempos que se establecen, para mi, el problema es del modelo de financiamiento y fiscalización que tenemos. Los partidos políticos no sólo reciben importantes sumas de dinero, sino que además tienen la facilidad de poder distribuir su gasto en diferentes rubros (ordinario, campaña, actividades específicas). En el caso del financiamiento de campañas, su clasificación es subjetiva, pues no depende del momento en el que se gasta, sino del tipo de gasto que se hace, además cada erogación puede ser prorrateada entre decenas de campañas , todo ello dificulta la vigilancia en el uso de los recursos, por lo que se necesita de mucho detalle y perfección para poder fiscalizar de manera efectiva, algo que con tiempos breves se vuelve más complejo.

La Comisión de Venecia ya lo señaló en la opinión que emitió sobre la legislación electoral mexicana en 2013 , el modelo de fiscalización genera confusión, las diferentes categorías que se establecen derivan en un mecanismo complejo y poco efectivo. Similar conclusión emitió la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos en su informe de 2 de septiembre de 2015.

Si queremos que realmente se haga un ejercicio efectivo de verificación del origen de los recursos que usan los candidatos y partidos políticos y la manera en que los gastan, es necesario simplificar el modelo de financiamiento y de fiscalización, evitar las diferentes categorías que la ley establece actualmente y ajustar los montos y topes de gastos a cifras que se apeguen a la realidad, de lo contrario, sólo será una simulación.

Lamentablemente, el paso de los años y las reformas en la materia, específicamente sobre fiscalización, parece que únicamente han servido para que partidos políticos y candidatos oculten de mejor manera el dinero que reciben y la manera en que lo gastan, y que la labor de la autoridad fiscalizadora cada vez sea más complicada. Muy lejos estamos, más de 13 años, de casos como Amigos de Fox y Pemexgate que siguen siendo icónicos en la materia.

Arturo Espinosa Silis (@aesupd) es abogado constitucional y electoral.

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[1] Artículo 79, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos.
[1] Artículo 191, párrafo 1, inciso b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
[1] Artículo 80, inciso d), de la Ley General de Partidos Políticos.
[1] Ver SUP-REC-494/2015.
[1] En 2012 la Unidad de Fiscalización determinó que 195 campañas rebasaron el tope de gastos de campaña. La fiscalización únicamente era respecto de la elección federal, a pesar de ello la referencia es ilustrativa.
[1] Ver Para leer la fiscalización, de Edmundo Jacobo Molina, publicado en el periódico El Universal el 27 de agosto de 2015.
[1] Ver reglas de prorrateo en el artículo 83 de la Ley General de Partidos Políticos.
[1] Ver una síntesis de la opinión aquí http://www.strategiaelectoral.mx/posts.php?post_id=0c819e41ef0de4a18dcff608a49e8478

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