Nulidad de la elección de gobernador de Colima

Nulidad de la elección de gobernador de Colima
27 octubre, 2015 Ajedrez Electoral

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El jueves 22 de octubre de 2015, los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tribunal Electoral) resolvieron los medios de impugnación por los que el Partido Acción Nacional controvirtió los resultados de la elección de gobernador de Colima. En una votación dividida, cuatro de los seis Magistrados consideraron que hubo una indebida intervención del gobierno del Estado, por lo que optaron por anular la elección. Los otros dos Magistrados votaron por confirmar la validez de la misma.

Esta decisión es la tercera elección de gobernador que se anula, desde la creación del Tribunal Electoral en 1996, y segunda en Colima. Anteriormente sólo se habían anulado las elecciones de Tabasco en 2000 y Colima en 2003, lo que implica que el 67% de las elecciones de gobernador anuladas por el Tribunal Electoral han sido en Colima.

En las siguientes líneas trataré de explicar cómo se llegó a la nulidad de la elección. Los resultados de la votación fueron cerrados: tan sólo 503 votos de diferencia entre el primero y segundo lugar. El Partido Acción Nacional (PAN), cuyo candidato obtuvo el segundo lugar de la votación, impugnó la declaración de validez de la elección hecha por la autoridad electoral local, con lo que buscaba declarar la nulidad de la misma. La anulación de la votación en casilla no era una opción debido a que hubo un recuento total de la votación en ante el órgano electoral local, lo que redujo importantemente las posibilidades de anular la votación por esa causa.

El primero en conocer la impugnación presentada por el PAN fue el Tribunal Electoral de Colima, quien al resolver determinó confirmar la validez de la elección. Ante esa decisión, el partido acudió a la instancia federal, los juicios fueron conocidos por la Sala Superior, pues es el órgano competente para resolver en definitiva las impugnaciones de las elecciones de gobernador.

Como en cualquier nulidad de elección, el tema central consistió en acreditar que las irregularidades que se hicieron valer efectivamente habían ocurrido y el impacto de las mismas en la elección. Para ello el PAN señaló las siguientes irregularidades:

• Inequidad en medios de comunicación.
• Intromisión del gobierno de la entidad a través de: (i) desvío de recursos por parte del Rector de la Universidad, (ii) compra de lealtades por parte de miembros del Instituto Nacional Electoral, (iii) intervención del gobernador por diversas vías, (iv) compra de votos mediante el otorgamiento de despensas a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, y (v) apoyo de personal de la Secretaria de Desarrollo Social en la campaña.
• En uno de los diez municipios de la entidad (Ixtlahuacán) votaron personas que viven en el extranjero o que fallecieron previamente, igualmente hubo votos nulos marcados con un lápiz distinto del autorizado, los cuales debieron -alegó- ser contabilizados para el PAN.
• Se detuvo indebidamente a brigadistas que hacían campaña a favor del candidato del PAN.
• Durante la veda electoral se difundió una revista llamada “Sportbook” en la que se promovió al candidato de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México.
• Parcialidad de la autoridad electoral, ya que 8 de los 10 Consejos municipales se integraron con militantes del PRI.

El Tribunal Electoral publicó en su página de Internet, una primera versión del ante proyecto de sentencia en el cual el Magistrado ponente consideraba que las pruebas no eran suficientes para acreditar las irregularidades hechas valer por el PAN, pues aunque se consideró que se desprendían algunas irregularidades aisladas, las mismas eran solo indicios que en lo individual no eran suficientes para declarar la nulidad de toda la elección.

La sentencia que aprobó la mayoría de los Magistrados declara la nulidad de la elección a partir de las siguientes irregularidades:

• Intervención del Secretario de Desarrollo Social de Colima mediante la utilización de programas sociales estatales para beneficiar al candidato que obtuvo el triunfo.
• Intervención del Procurador de Justicia de la entidad federativa mediante la realización de una conferencia de prensa, en la cual amenazó con perseguir a quien realizara actos similares a los efectuados por tres brigadistas del PAN que realizaban campaña a favor de su candidato a Gobernador.

La nulidad se concluyó a partir de la valoración de una prueba superveniente (que no acompañaba la petición original del PAN) consistente en un video en el que se ve al Secretario de Desarrollo Social, en su comparecencia ante el Congreso local, donde reconoce que en ejercicio de sus derechos políticos intervino en el proceso electoral local. Este hecho, junto con la denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales por la que una funcionaria de dicha dependencia denunció al Secretario de la dependencia por uso indebido de programas sociales, para lo cual aportó una grabación en la que el Secretario da instrucciones para apoyar la campaña de los candidatos del PRI -grabación que no es ilegal pues fue aportada por uno de los participantes en la conversación-. Así como las declaraciones del Procurador de la Entidad respecto a los brigadistas de la campaña del PAN, fueron determinantes para tener anular toda la elección.

Las irregularidades descritas actualizan la causal de nulidad establecida en el artículo 59, fracción V de la Constitución de Colima, en la que prevé la mencionada consecuencia cuando se acredita la intervención del Gobernador por sí o por medio de otras autoridades en las elecciones, lo cual además será objeto de responsabilidad administrativa. Por lo que la elección se anuló a partir de una causal establecida en la ley, sin que fuera necesario acudir a la causal de nulidad por violación a principios constitucionales, la cual deriva de una interpretación constitucional ya que no se establece expresamente en el ordenamiento legal.

Adicionalmente, los magistrados de la mayoría consideraron que las irregularidades traían como efectos un proceso alejado de los principios democráticos, ya que la elección no se desarrolló de manera libre y auténtica mediante el voto igual, libre y secreto, ni bajo condiciones de equidad. Finalmente, la Sala Superior solicitó al Instituto Nacional Electoral ejercer la facultad de asunción establecida en el artículo 121, párrafo 2, inciso b), de la LEGIPE, a fin de que ese órgano organice la elección extraordinaria en sustitución del órgano electoral local.

En tanto se realiza la elección extraordinaria, el 1º de noviembre el congreso local deberá nombrar un gobernador interino, y convocar a elecciones.

Conclusión

La nulidad de una elección es la medida más extrema que la autoridad electoral puede tomar, la valoración para determinar si la causal se actualiza o no siempre será de los magistrados electorales. El análisis político y la conveniencia de está medida de control de la legalidad de las elecciones, me parece que debe considerar los siguientes cuestionamientos.

• La causal de nulidad prevista en el artículo 59, fracción V, de la Constitución local no hace referencia a que la intervención del Gobernador, directa o indirecta, deba ser determinante, a pesar de ello, dentro de la teoría de las nulidades ¿cualquier causal debe ser determinante a fin de considerar que se actualiza una nulidad de elección?
• La ley no califica la gravedad de las irregularidades que puedan ocasionar la nulidad de la elección, ello queda a la discrecionalidad de los juzgadores en la materia ¿Qué parámetros se deben seguir para calificar la gravedad de una irregularidad?
• ¿Qué tan alto se debe poner el estándar para actualizar una causal de nulidad?

Finalmente, tanto la nulidad de la elección de gobernador de Colima, al igual que la de diputado federal en el distrito 01 de Aguascalientes y la de Ayuntamiento en Sahuayo, Michoacán, todas dentro los procesos electorales 2015, tuvieron como causa la indebida intervención de funcionarios públicos o uso de recursos públicos; es momento de que el artículo 134 constitucional se regule y se establezcan sanciones en la ley electoral para los funcionarios públicos que violen la legislación electoral, la emisión de la ley se encuentra pendiente desde 2007.

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