David Monreal Ávila y una sentencia

David Monreal Ávila y una sentencia
21 abril, 2016 Fabiola Navarro

David Monreal Ávila y una sentencia

21 abril, 2016

Por Fabiola Navarro

@fabbiolanavarro

En México rige la percepción de que las leyes no se cumplen y que la impunidad se impone a la legalidad. La justicia es selectiva. Así lo demuestran los hallazgos del proyecto Los Mexicanos vistos por sí mismos, los grades temas nacionales, elaborado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (2015), que partió del levantamiento de 25 encuestas nacionales que derivaron en la publicación de 26 libros que abordan diversas temáticas. Esta percepción ayuda a explicar los resultados de la Encuesta Nacional de Federalismo, donde se preguntó “qué tanto se confía en diversas entidades sociales” en una escala de 0 a 10 donde 0 es “no confío nada” y 10 “confío mucho”; la familia recibió el mejor puntaje con una calificación de 8.5, y los partidos políticos el más bajo con 4.7; los jueces y magistrados obtuvieron una calificación de 5.5, igual que los institutos electorales de los estados; mientras que el Instituto Nacional Electoral un 6.1[1]. En la Encuesta Nacional sobre Justicia -del mismo proyecto-, se preguntó ¿Cuáles diría que son los tres principales problemas de la impartición de justicia en México? las tres menciones más altas son: corrupción (70.3 por ciento), injusticia (42.9 por ciento) e impunidad (32.3 por ciento)[2].

En este escenario, cobra mayor relevancia la actuación de las autoridades y los fallos de los juzgadores cuando resuelven sobre incumplimientos de obligaciones legales. La percepción sobre los partidos políticos, sus dirigentes y figuras es mala, pero lo es también la de las autoridades electorales. Venimos de una extensa reforma electoral (2014) que tuvo como punto de partida la desaparición de los institutos electorales de los estados y del entonces Distrito Federal, por falta de confianza y acusaciones de parcialidad en la actuación de los integrantes de su máximo órgano de dirección (consejos generales). Por éstas imputaciones se modificó el mecanismo legal de designación de los consejeros electorales y se renovaron los consejos generales. La falta de confianza también causó que las bases, herramientas, instrumentos, métodos y procedimientos para fiscalizar el uso y destino de los ingresos y gastos en materia electoral sean lo que hoy son: un conjunto abigarrado de obligaciones y sanciones, para cuyo incumplimiento se pueden llegar incluso a anular los resultados de una elección completa (reformas constitucionales de 2007 y 2014).

Las reglas electorales, especialmente las relativas a la equidad de la contienda y el financiamiento de las campañas, las hicieron los partidos. Reglas que nos gusten o no, son las que deben cumplir todos los que participen en los procesos electorales. Una de esas reglas de la competencia electoral establece que los precandidatos deben presentar al Instituto Nacional Electoral (INE) por conducto de sus partidos políticos un informe de gastos de precampaña (figura no aplicable, naturalmente, a los aspirantes independientes). La consecuencia legal que se estableció para la falta de presentación del informe es la pérdida o cancelación del registro del aspirante en cuestión -conviene no olvidar que si alguien considera que una determinada regla o la sanción al incumplimiento de la regla, es desproporcionada, puede buscar se declare inconstitucional o inconvencional y su expulsión de la ley mediante un procedimiento legal-.

En los procesos electorales en curso, varios precandidatos no cumplieron con la obligación antes apuntada, no rindieron el informe de gastos de precampaña, por lo que el pasado 6 de abril el INE determinó cancelarles o negarles el registro; la mayoría quedaron fuera del proceso electoral en donde pretendían participar. David Monreal Ávila hoy candidato a Gobernador en el estado de Zacatecas por Morena[3], es uno de los que no cumplió con esa la obligación y sin embargo sigue participando en el proceso electoral por decisión de cuatro magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Sala Superior).

Como un ejercicio de justicia abierta y transparente vale la pena analizar el caso a partir de los elementos de la propia sentencia. El primer aspecto que destaca es una cuestión procedimental: el acto que interrumpe el registro como candidato a David Monreal Ávila es un acuerdo del INE, por tanto, el medio para “combatir” esa decisión es “un recurso de apelación”, no obstante, lo que David Monreal Ávila promovió fue un “JDC”, es decir, un juicio para la protección de derechos electorales -mecanismo que sirve para alegar violaciones a los derechos político electorales-. El partido que lo postula presentó un recurso de apelación. La diferencia no es simple, ni es solo de nombre. Recurso y juicio no son lo mismo, ni sirven para combatir y/o analizar lo mismo. En términos simples, la apelación plantea a los juzgadores cuestiones de legalidad del acto de autoridad, mientras que el juicio violaciones de derechos político-electorales. El asunto para fines de la Sala Superior, quedó identificado como JDC y acumulado, los dos en uno[4]. En la sentencia se lee Los agravios expresados por los recurrentes se analizan de manera conjunta dada la relación conceptual que guardan entre sí.

Segundo aspecto de análisis: la defensa de David Monreal Ávila. Los argumentos de defensa del propio Monreal y del partido están mezclados en la sentencia SUP-JDC-1521/2016, debido a la acumulación procedimiental. Pero son consistentes en una cosa: son endebles. Se alega que no llevó a cabo actos proselitistas lo que en su opinión lo exonera de rendir el informe de precampaña (ello pese a que en el expediente y en el voto particular que presentaron dos magistrados consta que sí realizó al menos 4 actos de proselitismo que lo beneficiaron, valuados en 168, 250 mil pesos; que se utilizó un inmueble como casa de precampaña, con un gasto de 11,000.73 pesos; que existió propaganda en vía pública, por 43, 450 pesos, y desplegados en su favor por 998 pesos)[5]. A esta defensa se suma la que los cuatro magistrados que aprobaron la sentencia que le restituye la candidatura realizaron en el sentido de que sí entregó el informe aunque -dijeron- lo hizo en forma extemporánea.

Lo anterior nos lleva al tercer aspecto, el de fondo. David Monreal Ávila y su partido no presentaron el informe en el tiempo que marca la ley. Lo hicieron calculadamente. Argumentaron que no tenían la obligación de presentar el informe, y que David Monreal Ávila no fue precandidato al cargo
de Gobernador en el Estado de Zacatecas, dijeron que no realizó actos de precampaña.

El incumplimiento se configuró pues la regla aplicable establece que:

3. Si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo antes establecido y hubiese obtenido la mayoría de votos en la consulta interna o en la asamblea respectiva, no podrá ser registrado legalmente como candidato. Los precandidatos que sin haber obtenido la postulación a la candidatura no entreguen el informe antes señalado serán sancionados en los términos de lo establecido por el Libro Octavo de esta Ley.

En el expediente consta que después de vencido el plazo legal, el INE requirió a David Monreal Ávila y su partido para que en un plazo de 24 horas presentara el informe. En respuesta a ese requerimiento David Monreal Ávila manifestó, entre otros aspectos, que no fue precandidato al cargo
de Gobernador de dicho Estado, y, no obstante, de manera cautelar procedió a rendir un informe de precampaña “en ceros”, al exponer que no realizó ningún gasto de precampaña [extracto de la sentencia que se comenta]. Y ésta es la pieza ganadora que la Sala Superior pondera para determinar que David Monreal Ávila sí cumplió la obligación legal. En la sentencia no se analiza el propósito y los alcances del requerimiento, pese a que de la lectura de la regla transcrita puede advertirse que incluso la falta de obtención de la candidatura no exime la entrega del informe, ni exenta al INE de fiscalizar los recursos empleados.

Con base en esta respuesta, los cuatro magistrados que obtuvieron la mayoría determinaron quitarle la sanción impuesta por el INE, en la sentencia se lee Por lo anterior, se estima que, de forma oportuna, el requerimiento formulado por la autoridad fiscalizadora fue cumplimentado dentro del plazo establecido por la autoridad fiscalizadora, mediante la presentación del informe de precampaña que rindió David Monreal Ávila.

Por un lado, tenemos que el informe es un documento que no se presentó en el plazo legal (lo que activa la consecuencia que ya comentamos), y por otro, que “el informe” dice que el gasto fue de “cero”, pese a que ello contradice las constancias y la investigación que está en el expediente, y que no ameritó ni una consideración o mención de los cuatro magistrados de la mayoría, y sin embargo, es la razón que sustenta la devolución del registro como candidato al señor David Monreal Ávila.

Como colofón de la decisión tomada por los cuatro magistrados, la sentencia señala: Dicha interpretación, en concepto de esta Sala Superior es acorde con el nuevo paradigma en materia de derechos humanos y sus garantías previsto en el artículo 1° constitucional, en la medida en que una lectura literal de lo dispuesto en el artículo 229, párrafo 3, de la Ley General multicitada, implicaría que, dejando de lado las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como las agravantes o atenuantes que pudieran existir en cada caso particular, se imponga la sanción de pérdida o cancelación del registro de la candidatura con motivo de la entrega extemporánea del informe de ingresos y gastos de precampaña, ya que de ser así, se restringiría de manera absoluta el ejercicio del derecho humano a ser votado; circunstancia que no resulta proporcional cuando el informe sí se rinde aun cuando de forma extemporánea.

Esto es, un asunto, de cumplimiento o no de la obligación consistente en presentar un informe de gastos -con una advertencia anticipada de la consecuencia legal- se resolvió como un asunto de “derechos humanos”, cuando era de incumplimiento de “obligaciones”, de rendición de cuentas, equidad y de transparencia en el manejo de la postulación. Las mentiras y/o contradicciones que se advierten del propio expediente no fueron tomadas en cuenta. Una analogía con aquel viejo principio de derecho que señala que “nadie puede beneficiarse de su propio dolo”, motivaría que una de las razones por las cuales David Monreal Ávila no pudiera conservar el registro consiste en que él –voluntariamente- se colocó en el supuesto de la infracción y con ello arriesgó su candidatura. Conocía la obligación -llevándolo al extremo, el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento- y nada le impidió rendir el informe (lo que sí podría considerarse una atenuante válida), él y su partido consideraron que no tenían obligación de rendir el informe, y por eso no lo rindieron. Aún en el hipotético caso que fuera cierto que no realizó actos de precampaña (lo que desmiente el expediente) pudo -en el tiempo legal establecido para rendir el informe- reportar a la autoridad electoral que no realizó gastos de precampaña, o bien pudo haber reportado los que hizo.

El proyecto de sentencia que no se aprobó y que se convirtió en el voto particular de los magistrados Flavio Galván y María del Carmen Alanis confirma la decisión del INE. Numéricamente el voto de 6 personas investidas como autoridad en la materia (2 consejeros electorales y 4 magistrados) se impuso al de 11 personas (9 consejeros electorales y 2 magistrados), estos últimos quienes determinaron que David Monreal Ávila debía ser sancionado con la pérdida de registro como candidato.

La sentencia ya se cumplió.

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[1] Barceló Daniel, Serna de la Garza José M., Valadés Diego, Percepciones sobre el federalismo en México, Los Mexicanos vistos por sí mismos, los grades temas nacionales, IIJ-UNAM, 2015.

[2] Jiménez René, Silva Forné Carlos, Percepción del desempeño de las instituciones de seguridad y justicia, Los Mexicanos vistos por sí mismos, los grades temas nacionales, IIJ-UNAM, 2015.

[3] El caso de José Guillermo Favela Quiñones postulado también por Morena como candidato a Gobernador en Durango es similar pero no idéntico. La similitud es que a él también le fue negado el registro por el INE por no presentar el informe de gastos de precampaña, y la Sala Superior ordenó quitarle esa sanción y en consecuencia mantuvo el registro. Las diferencias están el los hechos que cada uno de los candidatos hizo y en la defensa que de su caso hicieron ante las autoridades electorales.

[4] Otra diferencia con el registro de José Guillermo Favela Quiñones es que su asunto quedo radicado en la Sala Superior como un recurso de apelación al que se acumuló el juicio. La identificación de la sentencia es SUP-RAP-197/2016 y su acumulado SUP-JDC-1520/2016.

[5] Cantidades en pesos mexicanos.

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