Retos de la justicia electoral (I)

Retos de la justicia electoral (I)
2 mayo, 2016 Strategia Electoral

Por Arturo Espinosa Silis

@aesupd

2016 será un año clave para la Justicia Electoral en México, no sólo por la cantidad de procesos electorales locales que habrá, los cuales se desarrollarán con nuevas reglas, sino también porque en noviembre de este año deberá renovarse la totalidad de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Es innegable que el papel de la Sala Superior es más relevante cada día en el desarrollo de las elecciones de nuestro país. Gran parte de las decisiones que impactan en un proceso electoral o en la vida interna de los partidos políticos termina definiéndose en este órgano del TEPJF.

La renovación del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral, me parece que, debe acompañarse de un debate y reflexión sobre el papel de la justicia electoral en México.

Hasta ahora el papel de la Sala Superior ha sido relevante en muchos casos y polémico en otros. Muchos son los retos que tendrá la justicia electoral de cara a los próximo años y especialmente a la elección de 2018. Algunos de los cuales iré abordando en posteriores textos, pues en este me enfocaré en tres ajustes normativos que considero indispensables, para fortalecer el acceso a la justicia y con ello la protección de los derechos político-electorales.

Desde 1996, año en que se emitió la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la legislación que sustenta la justicia electoral en el país, me refiero a los artículos 41, fracción VI y 99 de la Constitución, así la Ley de Medios de Impugnación, ha sufrido cambios mínimos.

En principio podría parecer positivo que exista estabilidad en una materia donde las reformas son constantes, pero justamente eso es lo que llama la atención, desde 1996 se han dado por lo menos 3 reformas constitucionales y legales de gran calado, me refiero a la de 2007-2008, la de 2011 para reconocer expresamente las candidaturas independientes y la de 2014. Estas reformas han impactado de manera importante en la justicia electoral sin que la legislación particular se adapte adecuadamente a los cambios normativos.

Explico tres aspectos que a mi parecer son necesarios revisarse, todos ellos sobre cuestiones procesales que se relacionan con el acceso a la justicia pronta y expedita, y el derecho a una defensa adecuada, elementos fundamentales para garantizar una verdadera protección de los derechos político-electorales.

  • Hasta 4 instancias por agotar. La cadena impugnativa se ha vuelto extremadamente amplia, especialmente considerando que durante proceso electoral los tiempos vuelan, pues todos los días y horas son hábiles y no existe suspensión de los actos reclamados. En muchas ocasiones los impugnantes deben agotar hasta 4 instancias, comenzando por la partidista, siguiendo con la jurisdiccional local, para de ahí saltar a la federal ¾primero las Salas Regionales y después de la Sala Superior¾, en muchos casos cuando se termina la cadena impugnativa el proceso electoral se encuentra a punto de concluir. Existe la figura del per saltum para evitar agotar la cadena impugnativa, pero este no se encuentra regulado en la legislación procesal electoral, por lo que su ejercicio es discrecional por parte del órgano jurisdiccional. En ese sentido, considero que es necesario revisar la pertinencia de cada una de las instancias y replantear el principio de definitividad.
  • La gran cantidad de facultades de los partidos políticos, así como de los órganos electorales, en conjunto con la amplia cadena impugnativa que tiene la materia electoral ha generado que existan diferentes competencias para conocer de las impugnaciones, al interior de los partidos por lo general existen más de un órgano facultado para dirimir controversias, además existe la competencia de los órganos locales, de las Salas Regionales y de la Superior, respecto de la cual la legislación electoral es poco clara, lo que hace que en ocasiones los órganos jurisdiccionales tomen varios días para definir cuál es el competente y entonces conocer el fondo de la impugnación. Resulta imperativo definir con mayor claridad las competencias para conocer y dirimir las impugnaciones, pues en muchas ocasiones se pierde una gran cantidad de tiempo en determinar qué órgano es el competente para conocer de una impugnación.
  • Tiempos de resolución. El tiempo que toma definir el órgano competente, más la definitividad que se debe cumplir; es decir, el agotamiento de la cadena impugnativa, ha generado que los asuntos lleguen a la última instancia, la Sala Superior, con apenas unos días u horas antes de que se vuelvan irreparables, ello ya que en algunas instancias no existe un plazo máximo para que el órgano jurisdiccional emita su resolución. Resulta necesario hacer una mejor distribución de tiempos para que cada órgano jurisdiccional que conozca del asunto tenga un plazo razonable a efecto de estudiar y resolver oportunamente cada impugnación.

Estos tres temas me parecen fundamentales, pues de ello depende en gran parte la eficacia y utilidad de la justicia electoral, ya que de nada sirve contar con un sistema jurisdiccional robusto, si en los hechos no se está brindando una justicia oportuna y que realmente sirva para prevenir, reparar o restituir los derechos político-electorales vulnerados a través de los actos emitidos por los partidos políticos o las autoridades electorales.

0 Comentarios

Dejar una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*