II. Retos de la justicia electoral: La justicia al interior de los partidos políticos

II. Retos de la justicia electoral: La justicia al interior de los partidos políticos
29 junio, 2016 Ajedrez Electoral

II. Retos de la justicia electoral: La justicia al interior de los partidos políticos

29 junio, 2016

Por Arturo Espinosa Silis

@aesupd

El artículo 41 de la Constitución privilegia la auto determinación de los partidos políticos, señala que Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen la Constitución y la ley, por su parte el 116 constitucional dispone que previamente a acudir a la jurisdicción del Tribunal Electoral por violaciones a sus derechos por parte del partido político al que se encuentre afiliado, el afectado deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas en sus normas internas. El título tercero, capítulo VI, de la Ley General de Partidos Políticos establece en tres preceptos reglas generales para la impartición de la justicia al interior de los partidos políticos.

A partir del marco normativo descrito, el Tribunal Electoral ha desarrollado criterios para garantizar en todo momento la auto determinación de los partidos políticos, señalando que cualquier conflicto derivado de una decisión adoptada por un órgano partidista, primero tiene que resolverse por alguna instancia del propio partido antes de llegar a los tribunales electorales locales o federales.

Incluso el Tribunal, en este activismo judicial que lo ha caracterizado en los últimos años, ha sostenido que cuando en la normativa interna no se prevea de manera específica un medio de impugnación para controvertir ciertas determinaciones partidistas, los impugnantes deben contar con mecanismos para la solución de sus conflictos internos (ver tesis PARTIDOS POLÍTICOS. DEBEN IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SOLUCIÓN DE SUS CONFLICTOS INTERNOS, CUANDO EN LA NORMATIVA PARTIDARIA NO SE PREVEA ESPECÍFICAMENTE UN MEDIO IMPUGNATIVO).

En principio este criterio podría parecer acorde con los parámetros constitucionales y legales, pues no sólo privilegia la auto determinación de los partidos políticos, sino también el acceso a la justicia y los derechos de los militantes, ya que brinda la oportunidad de que un órgano interno de los partidos políticos que conoce a profundidad su propia normativa, sea el primero en resolver una controversia propia, sin embargo, considero que es necesario analizar más profundamente la justicia al interior de los partidos políticos, ya que en los hechos dista mucho de lo que el marco constitucional y legal establece.

De las revisión de los estatutos de los partidos y a sus procedimientos para garantizar la justicia interna, podemos advertir que el tema no es prioritario para los institutos políticos, pues las reglas para conocer y desahogar las impugnaciones son vagas y genéricas.

El partido que tiene un sistema mucho más ordenado, desarrollado, distribuido y, aparentemente, más claro es el Partido Revolucionario Institucional, existe incluso un catálogo bien definido de medios de impugnación. El Partido Acción Nacional, contempla en sus estatutos algunos medios de impugnación especialmente para los procesos electivos, pero no establece plazos o procedimientos claros para la resolución de sus medios de impugnación, y no prevé medios de impugnación para algunos actos de sus órganos directivos. El Partido de la Revolución Democrática no menciona mucho sobre los procedimientos de impugnación de las decisiones que se tomen dentro del partido; únicamente se hace referencia a una comisión especial para hacer frente a estos procedimientos y se mencionan las competencias de la misma. MORENA se apega, desde sus estatutos, a las normas de las leyes electorales sin abundar mucho en los mecanismos de impugnación; solamente se hace mención de una comisión especial para determinados procesos. Por último, el Partido Verde Ecologista de México sólo menciona una comisión especial en sus estatutos y apenas hace referencia a algunas cuestiones competenciales o a requisitos de procedencia.

En mi consideración, la justicia partidaria como se encuentra prevista en la regulación de cada partido político carece de efectividad. Las reglas que contemplan las normativas de los partidos son vagas y genéricas, en ninguna forma contribuyen al acceso a la justicia, así como tampoco garantizan de la mejor manera posible, como señala el artículo 1 constitucional, los derechos de los militantes de los partidos políticos.

Adicionalmente, los órganos encargados de impartir justicia al interior de los partidos políticos son designados por las dirigencias partidistas, lo cual genera parcialidad y dependencia en las decisiones que se adoptan. Los integrantes de los órganos encargados de impartir justicia son militantes de los partidos políticos que en la mayoría de los casos tienen aspiraciones políticas, que responden a los intereses de la dirigencia en turno.

Desafortunadamente, las instancias de justicia partidista se han convertido en un mecanismo más de presión y abuso del poder de las dirigencias nacionales de los partidos políticos, las cuales responden a los intereses de los dirigentes en turno, ya que ellos son quienes designan o remueven a los integrantes del órgano partidista, careciendo de cualquier tipo de autonomía.

Los partidos políticos no han generado estructuras especializadas en la impartición de justicia, no les interesa desarrollar verdaderas instancias impugnativas en su interior. Muchos de los partidos ni siquiera cuentan con mecanismos efectivos para garantizar que los actores tengan conocimiento de las resoluciones que llegan a emitir los órganos encargados de resolver las impugnaciones, tampoco cuentan con personal suficiente para desahogar las controversias que se les presentan en los brevísimos plazos electorales.

Todo lo anterior genera que la justicia partidista sea una instancia más de la cadena impugnativa en materia electoral, pero no un espacio auténtico de resolución de conflictos partidistas. Muchos de los casos que conocen los órganos de justicia al interior de los partidos políticos toman mucho tiempo para resolverse; los juicios de omisión para resolver las instancias partidistas ante los tribunales electorales son muy comunes. Gran parte de las resoluciones que se emiten al interior de los partidos políticos confirman los actos que se impugnan o desechan el medio de impugnación. Lamentablemente es difícil obtener estadísticas sobre estos temas ya que los partidos no cuentan con ellas.

A los partidos políticos poco les interesa fortalecer los mecanismos de impugnación en su interior. Es necesario repensar la justicia partidista, valorar su eficacia y pertinencia, y en todo caso reforzar las facultades y atribuciones de los órganos de justicia de los partidos políticos, establecer procesos de designación de sus integrantes de manera que les garanticen autonomía e independencia, dar estabilidad en el cargo, o, de plano, desaparecer esta instancia, pues permitir que se siga desenvolviendo como hasta ahora genera mayores perjuicios a los derechos de los militantes que beneficios.

La auto determinación de los partidos políticos debe valorarse en conjunto con el acceso a la justicia pronta y expedita de sus militantes, y con mecanismos para garantizar auténticamente el ejercicio de los derechos político-electorales al interior de los partidos políticos.

Arturo Espinosa es especialista en temas electorales, actualmente dirige Strategia Electoral, S.C.

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