La (des)protección de datos personales de militantes de partidos y simpatizantes de candidaturas independientes

La (des)protección de datos personales de militantes de partidos y simpatizantes de candidaturas independientes
8 agosto, 2016 Pluralismo Democrático

Por. Athos David Cuevas Campillo

(@athoscuevas)

 

El sistema jurídico electoral mexicano otorga una protección desigual a la información privada de las personas que apoyan una candidatura independiente respecto a los datos personales de quienes militan en algún partido político.

La jurisprudencia emitida por la Sala Superior (SS) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha protegido reiteradamente el derecho a la intimidad de quienes manifiestan su apoyo a uno o varios candidatos independientes; en cambio, la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGT) ordenan la difusión pública de los padrones de los partidos, en los cuales están contenidos los datos personales de todos sus miembros.

Este trato absolutamente diferenciado, conduce a reflexionar sobre la finalidad de difundir públicamente los datos privados de quienes están afiliados a los partidos políticos mexicanos y también, a cuestionar la constitucionalidad de algunos artículos contenidos en las leyes citadas.

Para comprender este desigual tratamiento debe iniciarse por el concepto de “datos personales”, el cual es previsto más no definido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución), la cual indica que la información referente a éstos datos será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes[i]

La LGT tampoco define este concepto, aunque si prevé dos aspectos relacionados con él: Primero, indica que deben considerarse información confidencial, en la medida que se refieran a una persona identificada o identificable[ii]. Y segundo, ordena que, hasta que se expida la Ley General en materia de Datos Personales, se acuda a la legislación federal y local que regulan este tema, según el ámbito de aplicación[iii].

Por esta razón, es aplicable la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDP) que define el concepto que nos ocupa como: “cualquier tipo de información concerniente a una persona física identificada o identificable”.

Adicionalmente, la misma ley precisa que los “datos personales sensibles” son aquellos que afectan la esfera íntima del titular o cuya indebida utilización puede generar discriminación o riesgo, y menciona como ejemplos de esta categoría el origen racial o étnico, el estado de salud, las creencias religiosas y las opiniones políticas[iv].

En esta tesitura, debe entenderse que la pertenencia a un determinado partido o el apoyo a alguna candidatura independiente, constituyen datos personales sensibles, debido a que se ubican dentro de la noción antes indicada.

Esta afirmación se sustenta en tres motivos:

  1. En ambos casos, esto es, la militancia partidista y el apoyo a una candidatura independiente, se ejerce un derecho político relacionado con la esfera íntima del titular. El derecho de afiliación en el primer supuesto y el derecho a la participación política en el último[v].
  2. La realización de ambas acciones permite deducir la opinión política de la persona que las lleva a cabo, pues es lógico asociar a quien pertenece a un partido o apoya una candidatura (independiente o no) con las ideas y plataformas políticas sostenidas por ese grupo político o persona.

III. El conocimiento de este dato sobre una persona puede generar discriminación o riesgos hacia ella. Por ejemplo, es factible que se le niegue el ingreso a una dependencia o la incorporación a un programa social, luego de advertirse que pertenece a un partido opositor al que ocupa el gobierno.

De igual manera, es posible que se rechace a alguien para pertenecer a un grupo religioso, estudiar en alguna institución privada o inclusive laborar en alguna empresa, por considerar que sus opiniones políticas (inferidas a partir de su militancia en algún partido o apoyo a cierta candidatura) son incompatibles con las ideas religiosas, educativas o económicas que se practiquen u observen en esas comunidades o corporaciones.

Luego entonces, como la información relativa a la militancia partidista y el apoyo a candidaturas independientes constituye un dato personal sensible, debe de tratársele bajo un criterio de confidencialidad y por lo tanto restringir su conocimiento al público en general.

Como ya se advirtió, este criterio se aplica por el TEPJF a los simpatizantes de las candidaturas independientes, un criterio que protege claramente sus datos personales.

La tesis IV/2015, sostiene que establecer la publicidad del nombre completo, el distrito electoral de residencia y la opinión política de la ciudadanía que apoyo alguna candidatura independiente resulta excesivo y desproporcionado, debido a que las autoridades electorales pueden verificar el respaldo que se brinda a estas candidaturas, sin tener que publicitar esta información y con ello, afectar el derecho a la privacidad de sus titulares[vi].

En forma similar, la tesis LXVII/2015 explica que incluir el domicilio de las personas que apoyan candidaturas independientes, dentro de los formatos respectivos, falta a la regularidad constitucional y constituye un requisito desproporcionado, debido a que se trata de un dato personal, protegido por la LFPDP y además, la autoridad electoral puede comprobar la residencia de estos ciudadanos mediante su clave de elector[vii].

Finalmente, la Jurisprudencia 13/2016 explica que la protección de los datos personales implica el “derecho de autodeterminación informativa”, el cual faculta a su titular para resguardar la información relacionada con su ámbito privado y decidir acerca de su difusión o reserva[viii].

Contrario a la protección que brindan estos criterios, la LGPP y la LGT, fracturan la relación inherente entre los datos personales sensibles y la confidencialidad, al calificar a los padrones de militantes como información pública, otorgar libre acceso a cualquier persona para conocerlos y precisar que en ellos se debe incluir el nombre, los apellidos, la fecha de afiliación y la entidad de residencia de todos los miembros que integran algún partido político[ix]. Adicionalmente, la LGPP ordena que esta información se difunda y actualice constantemente a través de Internet[x].

De esta manera, quienes militan en un partido deben sobrellevar el hecho de que cierta información personal sea conocida y transmitida sin restricción alguna y por lo tanto, se puedan generar los casos de discriminación y negación de derechos antes mencionados.

El problema se potencializa al reconocer la práctica de algunos partidos políticos de afiliar a ciudadanos sin que existan petición de éstos, ya sea que obtengan sus datos personales ilícitamente del padrón electoral o bien, que de otras recopilaciones públicas o privadas[xi]. En este escenario, la información privada de personas que ni siquiera han decidido incorporarse voluntariamente a estos grupos políticos, podrá también ser conocida y transmitida de forma ilimitada.

De aplicarse las tesis y jurisprudencias emitidas por la SS a los afiliados a partidos políticos, se concluye que las normas que prevén el carácter público de sus datos personales, así como la obligación de difundirlos a través de Internet, carecen de justificación y no superan el denominado “test de proporcionalidad”.

Lo anterior, al considerar que existen tres motivos principales por los que se requiere de la integración de los padrones de militantes y de su continua actualización:

  1. Para que las autoridades electorales puedan verificar que los partidos cuenten con el número mínimo de miembros exigido por la normatividad para que conserven su registro[xii].
  2. Para que las mismas autoridades y los propios partidos comprueben que sus afiliados mlitan únicamente en un partido. Es decir, evitar la doble afiliación partidista[xiii].

III. Para verificar que una persona pueda ocupar cargos o realizar acciones que están restringidos a los militantes de partidos políticos.[xiv]

Empero, todas esas operaciones pueden realizarse sin la necesidad de que los datos personales contenidos en los padrones se vuelvan públicos.

En efecto, la revisión de los formatos de apoyo de candidaturas independientes, demuestran la capacidad de la autoridad electoral para verificar información y conservar su privacidad, según aclara en la tesis IV/2015, antes citada.

Por lo tanto, basta con que los partidos proporcionen sus padrones a las autoridades (esencialmente la clave de elector, conforme a la tesis LXVII/2015) para que éstas calculen su número de integrantes y comprueben que se cumple con el mínimo requerido por la legislación.

De igual manera, para comprobar que los militantes no posean una doble afiliación, los partidos pueden presentar su padrón a la autoridad electoral y solicitar un cruce de datos con los demás padrones que ésta posee. Posteriormente, la autoridad puede informar los resultados obtenidos a los partidos involucrados y actuar conforme al procedimiento que indica el artículo 18 de la LGPP[xv].

Luego entonces, también es factible vigilar la limitante de pertenecer a un sólo partido sin que sea necesario difundir públicamente los padrones de militantes.

Finalmente, para averiguar si alguna persona es militante con el fin de comprobar su idoneidad para algún cargo o tarea, bastaría con que las autoridades electorales buscaran sus datos en los padrones de militantes. En caso de alguna coincidencia, se debería informar únicamente a la persona involucrada, a fin de que ésta se manifestara sobre el descubrimiento y las autoridades pudieran emitir una determinación sobre el caso específico[xvi].

De nueva cuenta, se aprecia que tampoco se requiere de la difusión pública de los datos personales de los militantes de todos los partidos existentes para efectuar esta labor.

Por estos motivos, se comprueba que la publicidad de los padrones carece de justificación, al no ser indispensable para que las autoridades electorales ejerzan sus funciones y garanticen el cumplimiento de la normatividad electoral

Asimismo, se concluye que las correspondientes disposiciones de la LGPP y de la LGT, tampoco superan el llamado “test de proporcionalidad”, puesto que la difusión de la información confidencial de los militantes no constituye una medida idónea, necesaria o proporcional, para garantizar algún otro principio, valor o derecho fundamental reconocido por la Constitución[xvii].

Efectivamente, la falta de idoneidad y necesidad de esta difusión se ha demostrado al exponer que las autoridades electorales pueden cumplir los tres motivos principales por los que requieren de los padrones de militantes, sin tener que publicitar la información que contienen.

En cuanto a la proporcionalidad de esta medida, debe apreciarse que la difusión irrestricta de los datos personales de los militantes, vulnera definitivamente su derecho a la autodeterminación informativa, en la medida en que dejan de controlar el acceso al conocimiento de aspectos privados sobre su persona.

Por otra parte, debe advertirse que la LGPP y la LGT ordenan la difusión de los acuerdos emitidos por los órganos internos de los partidos, los montos de las cuotas aportadas por sus simpatizantes y también, del financiamiento público y privado que reciben, la curricula de sus precandidatos, candidatos y dirigentes, el directorio de sus órganos de dirección y el tabulador de remuneraciones de sus integrantes, entre otros documentos[xviii].

Por lo tanto, la falta de conocimiento de los datos personales de todas las personas que integran al partido, en modo alguno impide que la ciudadanía esté informada con suficiencia sobre el desempeño, el capital y las acciones del grupo político como colectividad.

Por consiguiente, hay una notoria desproporción entre el derecho fundamental que se restringe en forma absoluta y el bien jurídico que se pretende garantizar, consistente en que la ciudadanía posea información de las fuerzas políticas que pueda emplear para tomar decisiones en el ámbito público.

En el caso de los precandidatos, candidatos y dirigentes, cuyos datos personales también difunden los partidos, según se acaba de reconocer, debe señalarse que existe una característica que los distingue particularmente: su deseo por evidenciar la relación que guardan con el partido.

Quienes contienden por un cargo público a través de un partido o encabezan al mismo, optan enfáticamente porque los demás afiliados y la ciudanía en general conozcan su militancia (en caso de pertenecer al partido) o su vinculación con éste (tratándose de candidatos externos).

En cambio, los demás militantes pueden optar por tratar su afiliación con mayor discreción, a fin de evitar la discriminación y los riesgos antes señalados.

Así, tras haberse expuesto que la obligación de divulgar públicamente los datos personales sensibles de las y los integrantes de los partidos no es requerida para que las autoridades electorales ejerzan debidamente sus funciones y tampoco supera el test de proporcionalidad, se proponen dos remedios para alterar esta situación perjudicial: uno temporal y otro permanente.

El primero, radica en que el TEPJF reciba medios de impugnación de militantes sobre este tema, reconozca que la argumentación que ha empleado en las tesis y la jurisprudencia sobre la información privada de los simpatizantes de candidaturas independientes es también aplicable a este caso e inaplique los artículos 30, inciso d) y 31 de la LGPP y 76, fracción I de la LGT[xix].

Desafortunadamente, este remedio sólo beneficiará a los promoventes de las impugnaciones, por lo que es conveniente acudir al remedio permanente, esto es, reformar la LGPP y la LGT para eliminar la obligación de publicitar los padrones a la que están constreñidos los partidos y en cambio, instruir a éstos y a las autoridades electorales para que reconozcan la confidencialidad inherente que poseen los datos personales sensibles de los militantes y los utilicen y custodien bajo ese carácter.

Al hacerlo, se dejará de someter a todos los miembros partidistas al trato dispar que reciben frente a las personas que optan por apoyar alguna candidatura independiente, en cuanto a la protección de sus datos personales. Se trata de corregir un desequilibrio y generar una situación de igualdad que abone al sistema político-electoral.

Athos D. Cuevas Campillo es Maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana y Especialista en Justicia Electoral por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del TEPJF.


[i] Artículos 6, apartado A, fracción II de la Constitución.

[ii] Artículo 116 de la LGT.

[iii] Artículo Tercero Transitorio de la LGT.

[iv] Artículo 3, fracciones V y VI de la LGPDP.

[v] El derecho de afiliación, entendido como la facultad de incorporarse a un partido político, constituye una especie del derecho de asociación en materia política reconocido por el artículo 35, fracción III de la Constitución. En el mismo artículo, se funda el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos políticos del país, mediante diversas acciones: el voto, la postulación a cargos públicos, la asociación, la iniciativa popular y la consulta ciudadana.

[vi] Rubro: CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. ES EXCESIVO, INNECESARIO Y DESPROPORCIONADO PUBLICAR LA LISTA CON DATOS PERSONALES DE LOS CIUDADANOS QUE APOYEN A UN ASPIRANTE.

[vii] Rubro: CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. EL REQUISITO DE INCLUIR EL DOMICILIO DE LAS PERSONAS EN EL FORMATO DE APOYO CIUDADANO, FALTA A LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL.

[viii] Rubro: DATOS PERSONALES. LOS TITULARES ESTÁN FACULTADOS PARA DECIDIR SU DIFUSIÓN. El texto de la jurisprudencia aclara que se trata de una reiteración de la tesis XVIII/2014 del mismo TEPJF.

[ix] Artículo 30, inciso d) de la LGPP y artículo 76, fracción I de la LGT.

[x] Artículos 28 y 32 de la LGPP.

[xi] Esta conducta se imputó al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en las elecciones intermedias de 2015, debido al reparto de propaganda electoral personalizada en que se identificada al destinatario como miembro del partido, originando la presentación de quejas ante el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI) y el Instituto Nacional Electoral (INE). Al respecto, véase la sentencia dictada por la Sala Regional Especializada (SRE) del TEPJF con el número SRE-PSC-228/2015 y Acumulados.

[xii] Artículos 10, párrafo 2 incisos b) y c), 16 y 17 de la LGPP.

[xiii] Artículos 18 y 42 LGPP.

[xiv] Por ejemplo, ser Consejero Electoral nacional o local, según los artículos 38, párrafo 1, inciso h) y 100, párrafo 2, inciso h) de la LEGIPE, o participar como observador electoral en una elección federal conforme al artículo 217, párrafo 1, inciso b) de la misma Ley.

[xv] Es decir, en caso de subsistir la doble afiliación, requerir al ciudadano para que éste indique su preferencia y de no hacerlo, se tome como válida la afiliación más reciente.

[xvi] Pues la Jurisprudencia 1/2015 con el rubro: SUPERVISOR ELECTORAL O CAPACITADOR-ASISTENTE. LA SOLA VERIFICACIÓN DEL PADRÓN DE MILITANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO ES SUFICIENTE PARA COMPROBAR SU AFILIACIÓN, explica que no basta con que una persona esté en el padrón de un partido para estimar que está impedida para ejercer esos cargos; razonamiento que podría aplicarse por analogía a los demás supuestos en que se exigiera el requisito de no ser militante para realizar una labor o acción en el ámbito electoral. No obstante, cabe enfatizar que la sola aparición en un padrón sí es suficiente para que una persona sea discriminada, como se explicó con antelación.

[xvii] Este concepto jurídico y los elementos que lo integran son reconocidos por la SS del TEPJF en la Tesis XI/2016 con el rubro: “CONTROL CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE NORMAS ELECTORALES. MÉTODO PARA DETERMINAR LA REGULARIDAD DE UNA NORMA QUE INSTRUMENTA UN DERECHO HUMANO”.

[xviii] Artículos 30 de la LGPP y 76 de la LGT. La segunda disposición otorga el carácter de información pública a: “Los responsables de los órganos internos de las finanzas de los partidos políticos” (fracción VI) y “El listado de aportantes a las precampañas y campañas políticas” (fracción X). Al respecto, se debe entender que en su caso de tener el carácter de militantes les son aplicables los razonamientos expuestos para la defensa de sus datos personales; sin embargo, su dimensión de representantes financieros del partido o contribuyentes del mismo, involucra aspectos económicos y de fiscalización que se no analizan en este documento e implican una argumentación distinta al caso de los militantes en general, por lo que escapan del objeto de estudio.

[xix] Atribución contemplada por el artículo 99, fracción IV de la Constitución.

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