Plebiscito Colombia: Un nuevo escenario de guerra

Plebiscito Colombia: Un nuevo escenario de guerra
15 septiembre, 2016

Por Daniela Arias

@darias_sanchez

 

El siglo XX en Colombia se caracteriza como uno de los más violentos en su historia. La primera mitad estuvo protagonizada por el conflicto bipartidista entre el Partido Liberal y el Partido Conservador con un saldo de entre 200,000 y 300,000 muertos, además de más de 2 millones de campesinos desplazados a las ciudades. Durante esta época se reprodujo un fenómeno común en América Latina: las guerrillas.

En 1953 el General Gustavo Rojas Pinilla llevó a cabo un golpe de Estado con la intención de pacificar el escenario político y lograr el restablecimiento de las instituciones democráticas. Para ello, confirió amnistía a los grupos guerrilleros liberales que no se encontrasen dentro del ala liberal comunista. Aquellos que no quisieron aceptar la amnistía continuaron armados y se enfrentaron con el Ejército colombiano. Después de la transición democrática que permitió Rojas Pinilla y de la alianza del bipartidismo conocida como Frente Nacional, se iniciaron negociaciones con estos diversos grupos guerrilleros en la que acordaron que iban a funcionar como grupos de autodefensa para proteger a los campesinos, los que seguían en el campo y los que habían intentado volver a sus tierras, de nuevos grupos armados. Esta tregua fue violada por un paramilitar apoyado por el gobierno que asesinó a un importante aliado del jefe de estas guerrillas, “Manuel Marulanda” alias ‘Tirofijo’.

Marulanda logró reunir a los grupos guerrilleros y autodefensas de diferentes zonas del país en la Primera Conferencia Guerrillera. El gobierno inició, desde entonces, una terrible ofensiva contra estas guerrillas, lo que llevó a que el 20 de julio de 1964 se consolidaran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) apoyadas en los campesinos -buscaban defender este sector y devolverles todo lo que perdieron durante la guerra bipartidista.

Han sido numerosos los intentos del gobierno de detener a las FARC. En 1984 hubo un primer -segundo si se tiene en cuenta lo anteriormente mencionado- acercamiento del gobierno a las FARC-EP, otro de 1991 a 1992 -durante el gobierno de César Gaviria- y nuevamente de 1998 a 2002 –con el ex presidente Andrés Pastrana-, todos fueron fallidos. El gobierno del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010) intentó, debajo de la mesa, iniciar negociaciones con las FARC pero su agresiva ofensiva generó una negativa por parte de la guerrilla.

El inicio del actual proceso de negociación y pacificación tiene sus inicios desde el 26 de agosto de 2012, en la Casa de Piedra en Cuba. Allí se reunieron, después de seis meses de conversaciones discretas, Mauricio Jaramillo, Rodrigo Granada, Marcos Calarcá, Andrés París, y Hermes Aguilar por parte de las FARC-EP y por parte del gobierno Sergio Jaramillo, y Frank Pearl, acompañados por Enrique Santos, Alejandro Éder y Jaime Avendaño.

El 18 de octubre de ese mismo año, en Oslo, Noruega, se hizo pública la instalación de las mesas de negociación entre el gobierno y las FARC-EP. La agenda del Acuerdo Final Para La Terminación Del Conflicto Y La Construcción De Una Paz Estable Y Duradera fue producto de un convenio entre ambas partes. Los puntos de la misma fueron Política de Desarrollo Agrario Integral, Participación Política, Fin del Conflicto, Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, Víctimas, e Implementación, Verificación y Refrendación.

El 24 de agosto de este año se hizo pública la conclusión de las mesas de negociación. De esta manera, el acuerdo final se entregó al Congreso para que fuera ratificado el 25 de agosto. Los puntos finales del acuerdo fueron Reforma Rural Integral, Participación Política, Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas, Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, Víctimas y, Mecanismos de Implementación y Verificación. La firma del acuerdo se llevará cabo el 26 de septiembre de este año en Cartagena de Indias, Colombia.

El presidente Juan Manuel Santos condicionó a una consulta plebiscitaria la aprobación del acuerdo. Este compromiso lo hizo casi desde el inicio de la mesa de negociación para promover la participación ciudadana del proceso de paz.

El plebiscito se llevará a cabo el 2 de octubre de 2016. La Corte Constitucional estableció, desde julio de este año, parte de los mecanismos que serán implementados durante el proceso. Reconoció la pregunta del plebiscito como “¿Apoya usted el Acuerdo Final Para La Terminación Del Conflicto Y La Construcción De Una Paz Estable Y Duradera?” para lo cual los ciudadanos tendrán la opción de votar “Sí” o “No”.

Al ser convocado el plebiscito, la Corte exige la publicación íntegra del acuerdo final. Se permite que casi todas las esferas de la sociedad participen en campañas que promuevan ambas opciones de respuesta en el plebiscito, siempre reguladas por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Se excluyen de estas campañas a los servidores de la Rama Judicial, de los órganos electorales, de control y de seguridad y a los miembros de la Fuerza Pública. Se prohíbe la inclusión de motivos políticos durante la campaña y deberán estar alejadas de naturalezas partidistas. El gobierno debe asegurarse de hacer llegar la información a todas las zonas del país.

Durante la jornada del 2 de octubre y para que el plebiscito sea refrendado el “Sí” deberá superar el 13% del censo electoral, es decir 4,5 millones de votos, y el “No” no deberá superar el porcentaje de aprobación del “Sí”. El plebiscito tiene carácter político y no normativo.

El mecanismo de implementación del acuerdo responde a una dinámica de política pública vinculante únicamente para el Ejecutivo. En ese orden de ideas, en caso de que gane el “Sí” se pondrán en marcha todos los mecanismos de implementación del acuerdo final y, recordando el carácter político del mismo, no se modificaría directamente la constitución sin una ratificación del Congreso, de una Asamblea Constituyente o de un Referendo, con el debido aval de la Corte Constitucional.

Sin embargo, en caso de que gane el “No” habrá una imposibilidad jurídica para implementar el acuerdo, no tendría el dinamismo de política pública pero el ejecutivo no perdería la posibilidad de continuar las negociaciones, acordar nuevos términos y someterlos, de nuevo, a refrendación popular.

Las campañas deben ser registradas ante el CNE, contarán con un tope de recursos económicos y la posibilidad de utilizar los medios de comunicación que consideren adecuados. Actualmente, se encuentran registradas dos campañas de cara al plebiscito.

La campaña por el “No” está liderada por el partido de oposición Centro Democrático, cuyo principal exponente es el ex presidente – ahora Senador- Álvaro Uribe. A su campaña se unieron el ex vicepresidente Francisco Santos, el ex presidente Andrés Pastrana, discretamente Alejandro Ordoñez el reciente destituido Procurador de Justicia de la Nación, entre otros funcionarios. Los principales argumentos de esta campaña aluden a que el gobierno “se arrodilló” ante las FARC, y a que es “inconstitucional la aplicación del acuerdo”, pues muchos puntos del acuerdo son ambiguos y deben renegociarse. Los puntos que presenta la oposición para sustentar su campaña es la justicia transicional, la participación de las FARC en la vida política, la supuesta impunidad de los miembros de la guerrilla y lo tendencioso de la pregunta aprobada por la Corte.

Sin embargo, el acuerdo propone la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición para investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos así como la reparación de víctimas. Siguiendo esta lógica, está estipulado que no habrá amnistía o indulto por delitos de lesa humanidad. Aunque habrá plazos específicos que darán algunos beneficios a los que admitan determinados delitos. La participación política de las FARC hace parte de un proceso de reconciliación que únicamente podrá ser aplicado desde el momento en el que entreguen sus armas y completen los programas de reinserción en la vida civil. Por último, “¿Apoya usted el Acuerdo Final Para La Terminación Del Conflicto Y La Construcción De Una Paz Estable Y Duradera?” es una pregunta tendenciosa para la oposición porque consideran las personas nunca van a responder que están en contra de la paz, pero no tienen en cuenta que el nombre del proyecto es y siempre ha sido Acuerdo Final Para La Terminación Del Conflicto Y La Construcción De Una Paz Estable Y Duradera; para ellos la pregunta debería ser un hipotético “¿acepta usted el acuerdo entre las FARC-EP y el gobierno?”.

La campaña por el “Sí” está registrada por el Partido Liberal Colombiano, apoyada por el ex alcalde Antanas Mockus, el ex presidente César Gaviria, la ex candidata a la presidencia Ingrid Betancourt, los partidos de izquierda como el Partido Verde, entre otros. El principal objetivo del “Sí” es contrarrestar las desinformación y la falta de voluntad de algunos ciudadanos a leer las 297 páginas del acuerdo. Esta campaña presenta algunos beneficios del fin de la guerra como el reaprovechamiento de recursos públicos, la reconciliación del país, así como la importancia de impartir justicia y reparar a las víctimas de esta guerra interna.

El principal objetivo del plebiscito es otorgarle legitimidad a las negociaciones de paz puesto que el ejecutivo, como en ocasiones anteriores –por ejemplo en el gobierno Uribe durante la desmovilización de los paramilitares-, no está obligado a someter el acuerdo a refrendación popular. El ejercicio democrático de este proceso supone que todos los sectores de la población deben ser escuchados, que el conflicto armado pudo ser resuelto por medio del diálogo, que los ciudadanos deben ser tomados en cuenta en temas de interés nacional como lo son la guerra y la paz. Es, además, importante recordar que la Corte Constitucional obliga al gobierno a incluir e informar a minorías marginadas como las comunidades indígenas y pueblos remotos –quienes han sufrido directamente esta guerra- así como a los ciudadanos que viven en el extranjero porque el resultado de más de cincuenta años de guerra debe ser la reconciliación de todas las partes y la inclusión se todos los sectores sociales.

 

Daniela Arias es estudiante de ciencia política en el ITAM.

 


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