#PartidosDenSuDinero: ¿alternativa en un contexto de emergencia nacional?

#PartidosDenSuDinero: ¿alternativa en un contexto de emergencia nacional?
22 septiembre, 2017 Arturo Espinosa

Los lamentables sismos ocurridos en el territorio nacional durante el mes de septiembre han detonado una importante cantidad de reacciones e iniciativas que buscan potenciar el flujo de recursos para las labores que sean necesarias en el proceso de reconstrucción. Una de las que más impacto ha tenido es reducir el financiamiento público que reciben los partidos políticos, tanto el ordinario como el de campaña #PartidosDenSuDinero #PartidosDenNuestroDinero.

¿Cuál es la postura de los partidos políticos?

Todos los partidos se han mostrado favorables a la iniciativa, presentando diferentes alternativas para lograr esto.

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Algo que no es claro es si los partidos políticos se refieren únicamente a los recursos que reciben a nivel federal o también los que obtienen a nivel local.

Por su parte, el INE ha manifestado que existe viabilidad jurídica para que se dé una medida como la propuesta, sin embargo, no ha señalado el camino jurídico a seguir, lo cual representa el principal obstáculo.

Antes de analizar la viabilidad jurídica, vale la pena señalar el monto que representaría si se reduce el financiamiento de todos los partidos políticos nacionales propuesto por el INE para 2018 en función de lo que propone cada uno:

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Aunque aún falta profundidad en las propuestas que hasta hoy han presentado los institutos políticos, de manera general los recursos para 2018 no superarían los 1.2 mil millones de pesos, con excepción de la propuesta de los partidos Encuentro Social y Movimiento Ciudadano, que necesariamente dependerían de una reforma constitucional y ello no podría producirse a corto plazo -al margen de las implicaciones de todo tipo que tendría la eliminación de todo recurso público a los partidos políticos-.

Viabilidad jurídica de las propuestas

La Constitución federal (CPEUM) y la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) disponen que el origen y destino de los partidos políticos se regirán bajo un criterio de legalidad. De tal manera que los partidos políticos sólo podrán obtener recursos y gastarlos en los conceptos establecidos expresamente por la ley, por su carácter como entidades de interés público. Esto es: gastos ordinarios (actividades cotidianas y de subsistencia), gastos para actividades específicas y gastos durante el proceso electoral (precampaña y campaña).

El TEPJF ha considerado al financiamiento de los partidos políticos como un elemento esencial para la existencia misma de los partidos políticos, así como para que éstos estén en posibilidades de cumplir con sus encomiendas constitucionales, que son las de promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos a los cargos de elección popular (Jurisprudencia 9/2000) I.

Los criterios del TEPJF han señalado que el INE únicamente tiene la función de mero administrador de estos recursos, y sólo puede retenerlos en dos supuestos: la pérdida de registro del partido o la imposición de una multa por la autoridad electoral (Tesis XVI/2010) II.

Para valorar la posibilidad de que los recursos de los partidos pudieran ser utilizados para fines distintos (en este caso ante un desastre natural), es necesario considerar lo siguiente:

  • Los partidos políticos son titulares exclusivos de su patrimonio, sin importar el origen de los recursos (financiamiento público o privado), por lo cual son ellos los únicos que pueden disponer del mismo.
  • El uso y destino de estos recursos debe limitarse exclusivamente al cumplimiento de las actividades que son propias: promoción de la participación democrática y obtención del voto.
  • Un uso distinto de los recursos significaría una violación a la Constitución y a la ley, pues se debe considerar que tales encomiendas son de grado constitucional y, por ende, su cumplimiento es de interés general. Esta limitante excluye la posibilidad de que, una vez integrados los recursos en el patrimonio partidista, éstos puedan ser destinados a fines distintos sin que tal aplicación resulte antijurídica.
  • El monto bajo el cual se determina el monto del financiamiento que reciben los partidos político proviene de la fórmula que se establece en el artículo 41 constitucional.

A partir de lo anterior, consideramos que dado el marco legal tan favorecedor para que los partidos obtengan sus recursos de manera permanente, queda la posibilidad de que los partidos renuncien a cierta parte de éstos, pues partimos de la base de que se trata de una prerrogativa que les es propia y, fuera de los supuestos de ley, sólo les podrá ser restringido voluntariamente, previo a que formen parte de su patrimonio (esto aplica tanto para el financiamiento público y algunos rubros del privado, como lo pueden ser los rendimientos financieros). No obstante, de acuerdo con diferentes criterios del TEPJF y del marco jurídico aplicable, el carácter renunciable del financiamiento de los partidos políticos también encuentra diversas limitantes, como lo serían las siguientes:

  1. Que no se ponga en riesgo la existencia misma del partido político;
  2. Que no resulte en la dependencia del partido político en el financiamiento privado (principio de prevalencia del financiamiento público sobre otros tipos);
  3. Que no se comprometa su competitividad en la contienda electoral o, dicho de otro modo, que no se viole el principio de equidad entre los partidos; y
  4. Que no signifique la imposibilidad de los partidos políticos para el cumplimiento de sus fines como entidades de interés público.

Aunado a lo anterior, consideramos indispensable que cualquier esfuerzo realizado en este sentido se apegue al principio de legalidad, pues como ha ocurrido recientemente en casos como #CanchaPareja y con el caso de la reducción del sueldo de las y los consejeros del INE, la voluntad de algunos actores no necesariamente encuentra viabilidad al ser revisado por la autoridad jurisdiccional.

No podemos dejar de advertir que una reducción en los recursos de los partidos políticos como la que se plantea, frente a un proceso electoral tan grande como será el de 2018, sin duda puede generar incentivos para que los recursos que por un lado fueron destinados para la reconstrucción y atención de daños causados por el sismo, por otro se obtengan de fuentes ilegales, incluyendo el uso de recursos públicos, lo que resultaría en un contrasentido en la búsqueda de recursos para enfrentar una situación apremiante como la que atraviesa el país.

En este sentido, consideramos que existen muchas alternativas que se pueden explotar de manera inmediata, y que sin duda se apegan al principio de legalidad, tales como la regulación de la propaganda gubernamental con un atraso de cerca de 10 años, cuya inversión anual está muy por encima de los montos que hemos estimado se obtendrían de acuerdo con las propuestas de los partidos.

 

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I Tesis de Jurisprudencia 9/2000 de rubro FINANCIAMIENTO PÚBLICO. TODA AFECTACIÓN A ESTE DERECHO ES DETERMINANTE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 12 y 13. Disponible en: http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=9/2000&tpoBusqueda=S&sWord=9/2000
II Tesis aislada XVI/2010 de rubro FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL ES COMPETENTE PARA DETERMINAR LO RELATIVO A SU RETENCIÓN. Disponible en: http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=XVI/2010&tpoBusqueda=S&sWord=XVI/2010

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