Afiliaciones involuntarias a los partidos políticos

Afiliaciones involuntarias a los partidos políticos
12 febrero, 2018 Strategia Electoral

Por: equipo @Eleccionesymas

 

Recientemente, se han dado a conocer distintos casos en los que los partidos políticos habrían realizado afiliaciones sin el consentimiento de muchas personas. El asunto no es menor, pues además de violentar la voluntad de las personas, el número de militantes es uno de los requisitos que deben cumplir los institutos para conservar su registro, por lo que la integración de personas a las filas de los partidos sin su consentimiento resulta en un fraude a la ley.

El tema está estrechamente vinculado con dos derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

  1. Derecho de asociación;
  2. Derecho a la protección de datos personales

Anteriormente, en México operaba un sistema de partido hegemónico, que entre otras cosas encontró en el corporativismo y el clientelismo una forma de subsistencia. De manera tal que previo a la transición a una democracia electoral era cotidiana la afiliación de militantes y simpatizantes de manera corporativista o colectiva.

Lo anterior se lograba a partir de las limitantes impuestas al derecho de asociación a través de sindicatos o patronatos que integraban a sus miembros a la militancia de un partido político. Igualmente, bajo el uso de programas sociales o incluso, a través del uso de padrones de electores.

Previo a la reforma político electoral de 2014, y en particular de la expedición de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), así como la de Partidos Políticos (LGPP), el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales solamente establecía como una obligación de los partidos políticos abstenerse de realizar afiliaciones colectivas.

Luego, tanto en la LGIPE como en la LGPP se estableció como prohibición e infracción tales prácticas. Además, se incluyó en el catalogo de sujetos que podrían cometerlas no solo a los partidos políticos, sino también a aquellas organizaciones que buscaran constituirse como tales o de cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos políticos.

No obstante, en la Ley General en Materia de Delitos Electorales no existe ningún tipo que persiga tales prácticas. No pasa desapercibido además que lo contenido en la LGIPE y la LGPP se refieren a afiliaciones colectivas, es decir a gran escala, lo que no necesariamente implica el carácter involuntario de una afiliación a un partido político.

Sin embargo, el derecho de asociación se encuentra sujeto a un requisito: que se realice libremente por lo que de las afiliaciones colectivas se presume la inexistencia de un acto individual en el que se manifieste en libertad el deseo de formar parte de un instituto político.

La forma en la que las personas manifiestan su voluntad ante un partido político varía entre cada uno de ellos, incluso se considera que tales procedimientos forman parte de su vida interna, por lo que, en tanto se encuentren en armonía con el marco jurídico no tienen mayor limitante.

¿Por qué importa restringir las afiliaciones involuntarias?

En México tenemos un sistema de partidos provisto de recursos cuyo origen es mayoritariamente público. La llave de acceso al registro de institutos políticos se abre a partir de la acreditación de un número mínimo de militantes distribuidos de tal forma que acrediten representatividad a nivel nacional.

Lo anterior se podría tomar como un móvil de los partidos políticos para realizar este tipo de prácticas y quizá ello sería difícil de notar por un ciudadano. No obstante, con la expansión de los derechos políticos, con vías de acceso al poder como las candidaturas independientes, o bien, la integración de autoridades electorales; tales prácticas han salido a la luz al afectar a los ciudadanos en lo particular al momento de buscar obtener una candidatura independiente o desear formar parte de algún organismo electoral, sea jurisdiccional o administrativo.

Ello ha evidenciado que la afiliación involuntaria no es exclusiva de un mismo partido político, sino que todos y cada uno de ellos han incurrido en tales prácticas. Por tal motivo, a pesar de que el padrón de militantes ya era público, el INE habilitó un sistema de consulta para que la ciudadanía pudiera verificar si estaba incluida en partido político alguno, lo que se puede consultar en este vinculo.

A su vez, la ciudadanía puede denunciar tales prácticas de manera individual presentando un escrito ante la UNIDAD TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL del INE en el que manifiesten su caso, ante lo que el INE debe iniciar un procedimiento sancionador ordinario.

Actualmente, la LGIPE establece como impedimento la militancia en algún partido político para lo siguiente:

  1. Supervisor o Capacitador/Asistente Electoral[1]
  2. Candidato Independiente

Para el resto de los cargos no existe prohibición alguna. Sin embargo, a nivel local ciertas legislaciones establecen tal prohibición para integrar los órganos desconcentrados del OPLE del que se trate.

Casos recientes

En septiembre de 2017, el INE determinó sancionar al PRI, PVEM, PRD, MC, PT y PANAL por la afiliación indebida de ciudadanos entre el año 2000 y el año 2014. El PRI fue el que mayor número de quejosos tuvo con 1,316 por lo que se le impuso el pago de una sanción de $43,200.18 por cada uno de ellos.

Sin embargo, la resolución del INE fue impugnada por los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo y Nueva Alianza. Al resolver el expediente SUP-RAP-614/2017, la Sala Superior del TEPJF determinó revocar las sanciones impuestas por el INE en atención a la caducidad de las facultades sancionatorias de la autoridad, pues al haber pasado más de dos años para resolver sobre los procedimientos sancionadores ordinarios, -a juicio del Tribunal- el INE vulneró los principios de certeza y seguridad jurídica de los involucrados.

Ya a finales de 2017 e inicios de 2018, han salido a relucir nuevos casos en los que presuntamente diversos institutos políticos habrían realizado afiliaciones sin el consentimiento de las personas; pues teniendo como contexto la contratación de supervisores y capacitadores/asistentes electorales, de nueva cuenta se ha restringido la participación de ciudadanos por su militancia en distintos partidos, develando para múltiples casos, que dichas personas jamás habían expresado su voluntad de integrarse en partido alguno.

El tema es relevante, y es un ejemplo más de las prácticas que buscan -aun en nuestros días- vulnerar de una forma u otra la voluntad ciudadana. Pues si bien, hemos buscado erradicarlo de expresiones populares como es el ejercicio del voto durante la jornada electoral; lo cierto es que la participación política puede lesionarse antes, durante y después de un ciclo electoral.

Será necesario crear las condiciones para hacer de las afiliaciones sin el consentimiento de las personas un fraude a la ley que lleve como consecuencia sanciones ejemplares tanto a los institutos políticos que las perpetren, como a sus operadores. Solo de esta forma se crearán los incentivos suficientes que permitan disminuir la afiliación involuntaria.

 

 

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[1] 3. Son requisitos para ser supervisor o capacitador asistente electoral, los siguientes:
g) No militar en ningún partido político, ni haber participado activamente en alguna campaña electoral

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